La Junta de Andalucía intentará negociar con sus propietarios la compra de las casas ilegales levantadas en el entorno protegido de Medina Azahara, pero teniendo en cuenta para su valoración que están construidas en un suelo que "tiene y siempre tendrá la calificación de rústico" y "la vida natural de esas viviendas tiene un límite".
En una entrevista concedida a Europa Press, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Isabel Ambrosio, explicó que "se procurará hacer a los propietarios una oferta de compra atractiva" pero recordó que la catalogación de fuera de ordenación que corresponde a estas casas, en el ámbito de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía "no permite su ampliación o reforma, ni que se dote a la zona de equipamientos o servicios", tales como instalaciones educativas, sanitarias, sociales o deportivas, ni de abastecimiento de agua potable, de modo que su vida natural "se acorta mucho".
El objetivo de la Junta es hacerse con el "máximo terreno posible, construido o no" para proteger la zona.
Antes de iniciar la negociación para la compra, la Junta declaró de interés social 29 parcelas ilegales aún sin edificar, lo que impide a los propietarios venderlas a terceros. Aunque "en un primer momento se intentará negociar un precio" para que la Junta las compre, si no se logra un acuerdo "existe la posibilidad de la expropiación", dijo Ambrosio. El resto de parcelas donde sí se han construido viviendas se estudiarán "caso por caso", aclaró.