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El Gobierno no aliviará los controles al Peñón pese a los avisos de Bruselas

La UE recuerda que España tiene derecho a vigilar la frontera con Gibraltar pero pide medidas “proporcionales”. Londres admite su “preocupación” por la decisión de Madrid de cobrar 50 euros por entrar y salir de la colonia

el 05 ago 2013 / 22:03 h.

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33 Las colas para acceder ayer a España desde Gibraltar seguían siendo kilométricas. 33 Las colas para acceder ayer a España desde Gibraltar seguían siendo kilométricas. El embudo, ayer, para acceder desde Gibraltar al municipio gaditano de La Línea de la Concepción no fue tan angosto como en el fin de semana, y las colas de vehículos no fueron tan aparatosas, pero a mediodía la tensión diplomática entre España, Reino Unido, la UE y el Peñón crepitaba como las chicharras bajo el sol de verano. En los últimos días se han sucedido una serie de acontecimientos en torno a la Roca, unos consecuencia de otros, y aparentemente todo al margen de la diplomacia y el diálogo. Los pesqueros andaluces faenaban en aguas del Estrecho que España considera suyas, pero Gibraltar considera también suyas. Para disuadir a los pesqueros, el Gobierno del Peñón ordenó arrojar bloques de hormigón al mar. España replicó fortaleciendo los controles de acceso desde el Peñón, provocando colas de coches kilométricas que tardaban horas en entrar. Esta medida afectó tanto a la economía gibraltareña –que gira en torno al sector servicio y el turismo– como a los 7.000 andaluces que trabajan en la colonia británica, y que cada día cruzan la frontera para acudir a sus puestos. Londres protestó. El primer ministro británico, el conservador David Cameron, se mostró ayer “seriamente preocupado por los acontecimientos en la frontera entre España y Gibraltar”. “Hemos pedido una explicación” a las autoridades españolas “respecto a las informaciones sobre la posible adopción de medidas adicionales contra Gibraltar”, dijo un portavoz de Londres a la BBC. Se refería a unas declaraciones del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que ha barajado cambios en la ley de Juego, cerrar el espacio aéreo e imponer tasas de hasta 50 euros para entrar en el Peñón y otros 50 euros para salir, además de controlar las “irregularidades fiscales de los 6.000 gibraltareños con propiedad en Sotogrande” (Cádiz). En esta pequeña Guerra Fría, que acontece con más o menos virulencia cada verano, decidió interceder ayer la Comisión Europea, que anunció una reunión con las autoridades españolas en septiembre u octubre, para abordar la cuestión de Gibraltar y los controles en la frontera que han criticado desde el Peñón y desde el Gobierno británico. Por estos controles Bruselas también ha recibido numerosas quejas de parte de ciudadanos. El Ejecutivo comunitario sigue este caso desde “primavera”, tras recibir “quejas de ciudadanos” y de varios eurodiputados, y ya entonces pidió “explicaciones” al Gobierno de Mariano Rajoy. Bruselas también recordó ayer que Gibraltar no es parte del espacio europeo sin fronteras Schengen, por lo que España “tiene derecho” a realizar controles fronterizos, si bien matizó que estos controles han de ser “proporcionales”. El Gobierno de Rajoy respondió que los controles que España realiza en la verja de Gibraltar son proporcionados y ajustados a la normativa de la Unión Europea y expresó su “preocupación” por la “política de hechos consumados” del Peñón. El secretario de Estado de Exteriores, Gonzalo de Benito, replicó así a la queja expresada por Cameron por el asunto de Gibraltar. “Los controles son proporcionados a la gravedad de la situación que se produce algunas veces en la verja”, aseguró De Benito, quien añadió que son “aleatorios y “no discriminatorios”. El Ejecutivo central ha hecho un ofrecimiento reiterado durante el último año para cooperar en los asuntos relacionados con la pesca y la preservación del medio ambiente y en todo este tiempo no se ha visto “ningún progreso”, dice el número dos del Ministerio de Exteriores. Es más, el vertido de 70 bloques de hormigón “en aguas españolas próximas a Gibraltar” –que impide el trabajo de los pescadores de Algeciras y La Línea de la Concepción– “ha perjudicado” a los asuntos en los que España esperaba una respuesta. Por ello el Gobierno seguirá adelante con una batería de medidas que está estudiando con el objetivo de proteger los intereses de los españoles y, principalmente, de los habitantes del Campo de Gibraltar. Una de las medidas que España estudia es implantar la ya mencionada tasa de congestión de 50 euros a los vehículos que atraviesan La Línea, una propuesta que ya ha sido contestada por el Gobierno de Gibraltar que la considera “claramente poco meditada”. El Ejecutivo del Peñón también califica las palabras de García-Margallo de “ruido de sables”, “retrógradas y amenazadoras” y como “una clara reminiscencia de la política y tácticas empleadas en los asuntos relacionados con Gibraltar por el régimen fascista de Franco en las décadas de 1950 y 1960”.

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