El Gobierno quiere mantener la normalidad en los aeropuertos y que la gente pueda viajar sin ningún tipo de problemas en Navidad, por ello, si es necesario, está dispuesto a prorrogar el estado de alarma.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó ayer de que el Ejecutivo no ha decidido aún si prorrogará el estado de alarma decretado el pasado sábado, pero que lo hará si lo considera necesario "para mantener la normalidad en los aeropuertos y que la gente pueda viajar con normalidad" en las fiestas navideñas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Ejecutivo reconoció que durante la reunión se habló del asunto, pero recalcó que aún no hay una decisión tomada y, en todo caso, confió en que si finalmente el Gobierno solicita una prórroga obtendrá la mayoría necesaria del pleno del Congreso (mayoría simple).
Además, explicó que, en tal caso, la prórroga debería estar aprobada y en vigor el domingo 19 de diciembre, porque no puede haber "días en blanco" entre un estado de alarma y otro.
El Gobierno decretó el estado de alarma el pasado sábado 4 de diciembre y su duración es de un máximo de 15 días naturales, al cabo de los cuales, si el Ejecutivo desea prolongar esta situación, debe hacerlo con autorización del pleno del Congreso. Es decir, si el Gobierno decide pedir la prórroga, deberá hacerlo antes del 18 de diciembre, con lo que es posible que Gobierno y Congreso tengan que "ajustar" sus "calendarios", en palabras de Rubalcaba, que no llegó a precisar si tendría que haber un Consejo de Ministros o un pleno extraordinario.
Asimismo, Rubalcaba se mostró convencido de la "constitucionalidad plena" de todos los decretos aprobados por el Gobierno para hacer frente a esta crisis, incluido el que declara el estado de alarma, y opinó que así será "santificado" por el Tribunal Constitucional si algún día el asunto llegase hasta él. En su comparecencia, el vicepresidente también mostró su "perplejidad" ante el "desparpajo notable" de los controladores en sus declaraciones que, según él, buscan "minimizar los hechos" e incluso el "exigir cierta compartición de sus responsabilidades".
Además, el ministro del Interior hizo hincapié en que se depurará la responsabilidad de los controladores y recordó que hay tres vías en marcha para ello: la "laboral normal" que se materializa en los "casi 500 expedientes" abiertos por AENA, la propulsada por la Fiscalía y la que se pondrá en marcha en distintos juzgados a raíz de las demandas civiles y penales presentadas por los ciudadanos afectados por su plantón.
Control del PP. Estas declaraciones del portavoz del Gobierno no han calmado los ánimos del PP, que la próxima semana en la sesión de control al Gobierno su preguntas se centrarán en el plante de los controladores. Además, los populares pedirán explicaciones por las declaraciones del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, que acusó al Partido Popular de connivencia con ese colectivo.
Mientras, los controladores mantienen su particular cruzada contra el Gobierno central. Los seis que fueron citados a declarar ayer por la mañana ante la Fiscalía de Madrid en calidad de denunciados copiaron la postura de sus otros compañeros de acogerse a su derecho constitucional de no declarar al estimar que se les debe interrogar en el marco de la jurisdicción militar con motivo de estar movilizados desde el pasado sábado tras la militarización del espacio aéreo español, contra los que no se va a hacer nada, según informaron fuentes de la Fiscalía.
