La negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal por el diálogo social se plantea dura, sobre todo después de que los agentes sociales rechazaran ayer la batería de propuestas que analizará el Ejecutivo el próximo viernes por considerarla "insuficientes". Eso sí, por motivos completamente dispares.
El Consejo de Ministros analizará el próximo viernes las medidas para mantenimiento y protección del empleo, así como la mejora de la liquidez de las empresas, anunció ayer el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. Tras la reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, Corbacho dijo que el Gobierno llevará al Consejo las siete medidas de carácter "coyuntural y urgente" que los agentes sociales han venido negociando desde febrero y en las que no han mostrado su acuerdo globalmente.
Los secretarios de acción sindical de CCOO y UGT, Ramón Gorriz y Toni Ferrer, respectivamente, y los secretarios generales de CEOE y Cepyme, José María Lacasa y Elías Aparicio, aunque se manifestaron de acuerdo con alguna de las propuestas del Gobierno, se mantuvieron inflexibles con respecto a dar su visto bueno a todo el documento.
El ministro dijo que estas propuestas supondrán un coste para el Estado de unos 1.500 millones, y precisó que el Gobierno estudiará en cada caso el instrumento jurídico que requiere cada una de ellas, probablemente el decreto ley para la mayoría. Corbacho subrayó que estas medidas son "coyunturales" y han sido "ampliamente debatidas y compartidas" con los agentes sociales, como para que haya un pronunciamiento por parte del Gobierno.
No obstante, precisó que no forman parte del diálogo social referido a una reforma laboral. En este sentido, remarcó que en la Declaración del Diálogo Social del 29 de julio de 2008, el Gobierno se comprometió a no tomar ninguna decisión en torno a una reforma del mercado laboral sin acuerdo.
Sin embargo, la patronal insistió ayer en la necesidad de una reforma "estructural" del mercado de trabajo porque, en su opinión, el diálogo social debe ser "ambicioso" y estas medidas puede que frenen la destrucción de empleo "de forma puntual".
No obstante, Lacasa valoró algunas de las propuestas, especialmente la ampliación de la línea ICO a la mediana empresa, aunque otras, como la del impulso a la contratación parcial o las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social, las consideró insuficientes.
Por su parte, Gorriz coindió en que son exiguas, aunque dijo "que no es poca cosa" que el Gobierno incremente el presupuesto para acometer propuestas para mantener el empleo, al igual que Ferrer, de UGT.
Dentro de las siete medidas que aprobará el Ejecutivo el próximo viernes, Corbacho destacó la reposición de prestaciones por paro cuando se produzcan ERE temporales y subrayó que el periodo máximo de reposición de la prestación por extinción será de 120 días, frente a los 90 en el caso de los expedientes por suspensión.
Esta medida es válida para los ERE presentados entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, aunque Corbacho precisó que a finales de este año se podría prorrogar por un año máximo, dependiendo de las circunstancias.
