Gobierno y Junta negocian in extremis la liquidación de la deuda histórica, que debe estar pagada el próximo sábado, según manda el Estatuto. El Ejecutivo central ha ofrecido a la comunidad nuevos solares en Sevilla y Málaga para intentar solventar las discrepancias que aún persisten y poner fin a una reivindicación que arrastra desde hace 30 años. El Estado todavía debe a Andalucía 784 millones de euros que pretendía saldar con la cesión de Agesa, que gestiona los activos de la Expo ‘92 y que está valorada en 300 millones, y con 18 solares repartidos en cinco provincias.
Los que ahora se suman a la negociación se ubican, según fuentes de la Consejería de Economía, en Málaga -quedó fuera del listado anterior- y Sevilla, donde entonces se incluyó una parcela de 18.193 metros en El Juncal. En la capital hispalense, las mismas fuentes descartaron la cesión de Los Gordales, donde está previsto levantar la Ciudad de la Justicia y sobre el que pesan dos litigios, y apuntaron a que se transferiría un terreno y un edificio administrativo propiedad del Estado. No obstante la lista es aún "muy provisional", aclararon.
Los nuevos solares que el Estado ha puesto sobre la mesa son, para la Junta, la constatación de que lo que le había ofrecido hasta ahora era insuficiente. El Gobierno andaluz denunció que los terrenos ya tasados valen 100 millones menos que lo que deberían y advirtió de que recurrirá a los tribunales si, llegado el momento, siguen sin salirles las cuentas. Pero por ahora es optimista y está convencido de que "todo quedará resuelto el viernes", día en el que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, presidirá en Sevilla el Consejo de Ministros que aprobará la Ley de Economía Sostenible.
Fuentes del Ministerio de Economía coinciden en que el "único escenario es el acuerdo". La presencia de Zapatero en la comunidad y el anuncio de la solución de un contencioso histórico beneficiaría a las dos administraciones. El pasado sábado, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, pidió públicamente a Zapatero, en la clausura del congreso del PSOE-A, que intercediera para resolver la deuda histórica, pero el jefe del Ejecutivo nacional, que habló a continuación, no se pronunció.
El consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, que por la mañana no especificó el número de suelos ni la ubicación, explicó que ahora le toca al Gobierno andaluz tasar los nuevos activos para determinar si dan o no la cifra global de los 784 millones. De momento no ha comenzado a trabajar un tasador independiente, aunque el Gobierno ya aceptó esta fórmula que le pidió la Junta para dirimir el desacuerdo. Todavía se están contrastando las dos valoraciones, aclaró Ávila. "Del esfuerzo conjunto saldrán resultados positivos", confió.
La única salida. La Junta siempre ha sostenido que el cobro en especies es una solución "interesante". En realidad es la única fórmula posible de pago con unas arcas estatales tiritando y sin más margen de maniobra, sobre todo después de cerrar el nuevo modelo de financiación autonómica. Griñán, que admitió el lunes que todavía hay "diferencias", aseguró que a la comunidad no le conviene recibir dinero en efectivo porque el Gobierno central lo descontaría de los 1.500 millones que Andalucía le debe por los anticipios a cuenta.La idea del Ejecutivo andaluz es rentabilizar los solares de la deuda histórica y transformarlos en metálico para destinar los euros a vivienda, educación y sanidad, como reza el Estatuto. Calcula que en los terrenos que le transferirá el Estado se pueden levantar 4.406 pisos, el 71% de renta libre.
Pero una coyuntura de crisis como la actual, con el bloqueo del crédito bancario, puede dificultar o retrasar las operaciones urbanísticas. Eso es lo que denuncia la oposición. A este hándicap hay que añadir que la mayor bolsa de suelo -de 314 hectáreas, ubicada en El Toyo II, en Almería- cuenta con 214 de ellas protegidas. De ahí emanan las discrepancias sobre el precio de los activos.
