El ministerio de Educación, Política Social y Deporte solicitará a la Fiscalía General del Estado que investigue los presuntos malos tratos que se cometen en los centros de menores, tal y como se desveló en el informe realizado por el Defensor del Pueblo.
Muchos centros de menores están llevando a cabo "prácticas contrarias" a sus derechos y en la mayoría de ellos se realizan contenciones físicas y mecánicas en situaciones de alteración del menor, en ocasiones con una agresividad "desproporcionada". Estos son algunos de los datos desvelados en el informe 'centros de Protección de Menores con Trastornos de Conducta y en situación de Dificultad Social', realizado por el Defensor del Pueblo y hecho público el pasado lunes.
Tras conocer los datos procedentes del mencionado informe, la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, anunció que pedirá a la Fiscalía General del Estado que investigue los presuntos maltratos que se cometen en centros de menores, y explicó que "estos hechos tienen que ser investigados y eso le corresponde a la Fiscalía y, por lo tanto, voy a pedirle que efectivamente lo haga".
Aunque, según declaraciones de la ministra, es una cuestión de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, el asunto es de tal importancia que el Ministerio "no puede quedarse al margen". Asimismo, subrayó que "confiamos en que las comunidades atiendan y respondan a este informe", y el Ministerio estará siempre en colaboración con ellas para coordinar, conocer y hacer lo necesario para saber qué es lo que está ocurriendo. La ministra recordó que hay un Observatorio de la Infancia, que depende de su departamento, y "que se va a poner en marcha para contribuir a ese mejor conocimiento de lo que puede haber sucedido".
La secretaria de Bienestar Social del POSE, Marisol Pérez, mostró su preocupación al respecto y pidió que se corrijan cuanto antes las deficiencias denunciadas. Además, solicitó que se pongan en práctica las recomendaciones que contiene el informe del Defensor del Pueblo, que será analizado en el Parlamento, en la comisión mixta del Defensor del Pueblo, "para preservar el bienestar de los menores que es el fin último que debe mover a actuar a todas las administraciones implicadas".
Testigo directo. Ángel, un menor fugado del centro de menores del Picón de Jarama (Madrid), explicó ayer que "ningún chaval se merece" estar en esas instalaciones, donde asegura haber visto a muchos niños sufrir "malos tratos" por parte de los cuidadores mientras otros "están totalmente empastillados, quietos todo el día y sin moverse". Este joven, en declaraciones a Europa Press Televisión, relató que durante su estancia en este centro madrileño vivió el trágico suicidio de un compañero y otro joven protagonizó dos intentos de suicidio, "uno tragándose un lápiz y otro con cristales". También relató que un vigilante le provocó una brecha a un joven con una pala, y que le partió la nariz a otro mientras escuchaba los gritos de su compañero diciendo "parad, que estoy sangrando".
La organización Unicef está siguiendo esta problemática "muy de cerca", ya que su principal objetivo es velar por la protección de los derechos de la infancia. Paloma Escudero, directora ejecutiva de Unicef en España, declaró que "lo que hay que hacer es investigar muy bien los hechos" con el fin de garantizar que "cualquier menor tiene protegidos todos sus derechos viva donde viva, tanto si está en su entorno familiar como si está protegido por un centro".
