El informe del Comité de Expertos -formado por médicos y juristas- para asesorar al Gobierno sobre la reforma de la Ley del Aborto propone, entre otras cuestiones, que las chicas mayores de 16 años puedan interrumpir su embarazo sin la hasta ahora perceptiva autorización de padres o tutores.
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, llevará al Consejo de Ministros el documento sobre el aborto elaborado por los expertos. En él se contempla, entre otros supuestos, que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo. Ahora sólo se contempla y no tiene límite si hay peligro para la vida o la salud física o psíquica -este caso es al que se acogen la mayoría de las mujeres, según los médicos- de las embarazadas, cuando el embarazo es por una violación -hasta 12 semanas- o si el feto presenta algún tipo de tara -hasta 22 semanas-.
Asimismo, en el texto del grupo de expertos se plantea ampliar el límite hasta 22 semanas cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto.
Según explicó uno de los expertos, el doctor Javier Martínez Salmeán, la decisión de la mujer en el periodo de 14 semanas debe ser "libre e informada". "Habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida", añadió. Asimismo, señaló que por encima de las 22 semanas no se estaría hablando de aborto, sino de un parto inducido en el entorno de la medicina perinatal. En el caso de malformaciones incompatibles con la vida y que se han diagnosticado más allá del límite de las 22 semanas, los expertos proponen que la interrupción se pueda hacer hasta el final.
Por otra parte, el comité considera que el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo debe regularse en la futura ley y no en el Código Penal. Es decir, que "en ningún caso" las mujeres que decidan interrumpir su embarazo "podrán ser castigadas con penas de prisión". Según la jurista María Durán, la propuesta de los expertos pasa por la despenalización del aborto para la mujer y por atenuar las penas a terceros y que en ningún caso se establezca prisión. En este sentido, la ministra Aído afirmó que el Gobierno tiene claro que "ninguna mujer que se someta a un aborto podrá ser penada con cárcel". Sin embargo, añadió que se perseguirán los abortos "no consentidos e ilegales".
Los expertos también recomiendan que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. La ministra justificó esta postura diciendo que una joven de esa edad "puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal". En todo caso, matizó que se trata de "una propuesta a tener en cuenta por el Gobierno".
Además, las conclusiones recogen que la nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual para prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad. En este punto, Martínez Salmeán defendió la dispensa de la píldora postcoital sin necesidad de receta médica y de preservativos gratuitos.
Voces en contra. Por su parte, el PP señaló ayer que las conclusiones del Comité de Expertos suponen "un paso más" en la "farsa" que ha montado el Gobierno "para abrir la puerta al aborto libre". La portavoz del PP en la subcomisión del Congreso que estudió la modificación de la Ley del Aborto, Sandra Moneo, manifestó que este comité ha sido creado ad hoc por el Ministerio de Igualdad.
Aseguró que el Ejecutivo desdeña las opiniones de expertos que comparecieron en la subcomisión del Congreso desde que decidió "imponer el aborto libre".
