Economía

El Gobierno pide diálogo sobre la mina de Aznalcóllar tras anunciar que frenará su apertura

El PP insiste en que la Junta ha invadido sus atribuciones sobre la extracción minera y dice que es necesario resolver el conflicto para dar «seguridad jurídica».

el 15 mar 2014 / 22:02 h.

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aznal El Gobierno central afirmó ayer, 24 horas después de anunciar un recurso de inconstitucionalidad que supone el freno a la reapertura de la mina de Aznalcóllar, que quiere resolver el asunto mediante el diálogo. Mientras arreciaban las críticas contra la paralización del concurso que la Junta abrió en enero para que el yacimiento esté operativo en 2015, distintas voces del PP andaluz se esforzaron en destacar que el Gobierno de Rajoy «no está contra el proyecto de la mina ni pretende bloquearlo». Insistieron en que es un conflicto de competencias. Aludiendo a una ley franquista de 1973, como se encargó de destacar la administración andaluza, el Estado entiende que la Junta no tiene autoridad sobre la extracción minera, por lo que el viernes el Consejo de Ministros anunció que recurrirá el decreto ley que inició la explotación de la mina y el concurso para gestionarla. Se trata de uno de los principales planes de generación de empleo de la administración regional, que maneja informes según los cuales la minería eleva un 35 por ciento el trabajo en su entorno. El Gobierno cree que el conflicto se resolverá hablando, aunque de no ser así y acabar en manos del Constitucional, se enquistará durante años. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se encargó de anunciar ayer que el Gobierno central iniciará contactos la semana que viene para tratar de resolver este problema de competencias. Crespo recordó que, según Madrid, la Junta se ha atribuido competencias estatales al reservarse la expropiación de los derechos mineros, y defendió que el Ejecutivo central «apuesta por el desarrollo sostenible de la minería en esa comarca, pero quiere que el proceso se realice con todas las garantías, sin que se vulneren los derechos de terceros, lo que podría dar lugar a reclamaciones y conflictos jurídicos». Añadió que Andalucía ha actuado unilateralmente, sin tener en cuenta las competencias reservadas al Estado en yacimientos de interés público especial, y que se trata de abrir el diálogo para encontrar una solución que permita la reapertura de la mina con garantías. Crespo aludió a la catástrofe ecológica de Aznalcóllar en 1998, cuando se rompió una balsa de lodos tóxicos que inundó Doñana. El mismo desastre ambiental que fue esgrimido por el consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, cuando presentó el concurso, para explicar que por ese motivo el pliego de condiciones primaba la seguridad medioambiental y vetaba a la empresa que explotaba la mina por aquel entonces, Boliden-Apirsa. La secretaria general del PP-A, Dolores López, ahondó en esa idea al asegurar que su partido «espera que se desbloquee cuanto antes» el conflicto, aunque fue más allá al vincular directamente la decisión del Gobierno con conseguir «que no se vuelva a producir una catástrofe medioambiental» como la de entonces. El líder del PP de Sevilla, Juan Bueno, también acusó a la Junta de «hacer las cosas por las bravas» y «saltarse el procedimiento establecido». Las críticas tampoco cesaron. La voz del PSOE andaluz fue la del secretario de Organización, Juan Cornejo, que acusó a Madrid de no tener «límites» en el «desprecio y el castigo» a Andalucía. Afirmó que la reapertura de la mina cumple escrupulosamente con la legalidad y con las garantías de respeto al medioambiente, además de que creará 1.300 puestos de trabajo, por lo que criticó que el Gobierno lastre estos planes, además de no poner en marcha los suyos. A las críticas se unión UGT-A, que pidió al Gobierno de la nación que «deje de dar pataditas» a Andalucía y que «en vez de pensar en la confrontación política, que piense en quien sufre esa confrontación, que son los parados».

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