El Gobierno propone, en el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que los inmuebles de protección oficial (VPO) para venta o alquiler tengan una superficie mínima de 30 metros cuadrados para dos personas, espacio que debe ampliarse en 15 metros adicionales por cada miembro más de un hogar. Así consta en el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, al que ha tenido acceso Efe, y que hoy presentará el Ejecutivo a las comunidades autónomas y a agentes económicos y sociales.
Aunque son las comunidades autónomas las que deciden las superficies, el borrador señala que, en caso de que no lo hagan, la mínima debería ser de 30 metros cuadrados para una vivienda de dos personas. Es una cuota muy similar a la que se aplica en Andalucía, que cuenta con su propia normativa aprobada el pasado mes de julio, y que establece que el mínimo de superficie útil por persona es de 14 metros cuadrados (sin contar servicios comunes).
En cuanto a la superficie máxima, el texto estatal recomienda que se limite a 90 metros cuadrados, y no prevé que sea mayor para supuestos como el de familia numerosa, aunque en el caso del plan vigente (2005-2008) amplía el tamaño posible de la vivienda protegida hasta los 120 metros cuadrados. En la norma andaluza, la superficie máxima es de 70 metros, pero se puede superar esa superficie -hasta los 90 e incluso los 120 metros- si se dan circunstancias de familias numerosas o con personas dependientes a su cargo.
El nuevo plan pretende, como ya adelantó en la última conferencia sectorial la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que la concesión de VPO en alquiler y venta tenga un mayor control por parte de la Administración Pública para evitar fraudes en las adjudicaciones. Así, el borrador del plan confirma que se creará un registro público de demandantes que garantice la adjudicación de VPO.
Entre las novedades del texto también está la ampliación de los colectivos especialmente vulnerables que pueden acceder a ayudas para el alquiler o la adquisición de vivienda, con la inclusión de separados y divorciados. Con el nuevo plan, las viviendas protegidas serán calificadas como tales de forma permanente, mientras dure la protección del suelo, y en cualquier caso por un periodo no inferior a treinta años.
El documento también detalla que tanto para compra como para alquiler o alquiler con opción a compra los beneficiados deberán tener una renta máxima de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), es decir, 1.292,25 euros mensuales por hogar en el caso de viviendas protegidas de régimen especial. Para las viviendas de régimen general, la renta máxima se reduce a 4,5 veces el Iprem, 2.326,05 euros mensuales por hogar, mientras que para las de precio concertado se establece en 6,5 veces el IPREM, 3.359,85 euros.
El nuevo plan también resalta el interés específico de la rehabilitación de viviendas y la renovación de núcleos urbanos como uno de los pilares para poner viviendas dignas y asequibles en el mercado.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se reunirá hoy con los agentes económicos y sociales y con las comunidades y ciudades autónomas para presentar el borrador.
