Tras la poda de 32 altos cargos aprobada a finales de abril, el Gobierno ultima los decretos con los nuevos recortes de las estructurales ministeriales que verán la luz previsiblemente en julio y que afectarán a varios secretarios de Estado y a casi un centenar de subdirectores.
Según avanzaron fuentes del Ejecutivo, el objetivo es tramitar un decreto que restrinja el número de las Secretarías de Estado. A su vez, el Ministerio de la Presidencia aprobará otra serie de decretos con la simplificación de los organigramas que prepara cada departamento ministerial.
Los secretarios de Estado, el segundo escalón de la administración tras los ministros, no fueron incluidos en el primer decreto que pasó por el Consejo de Ministros el 30 de abril para racionalizar las estructuras de la Administración General del Estado y el sector público empresarial.
Tanto su reorganización como la de los altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores quedaron aplazadas hasta que concluyera la presidencia española de la UE, el 30 de junio.
Según explicó entonces la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, los secretarios de Estado debían mantenerse en su puesto hasta el final del semestre, ya que tenían la responsabilidad de presidir reuniones y órganos de la Unión Europea.
De la Vega dio tres meses a los ministerios para que prepararan sus nuevas estructuras, que previsiblemente también se aprobarán en julio.
Ya lo hizo el departamento de Fomento, que vio cómo el Consejo de Ministros aprobaba el pasado 14 de mayo un decreto con la simplificación de su organigrama, suprimiendo cuatro subdirecciones y dos divisiones.
Según los cálculos de Presidencia, pueden recortarse entre 90 y 100 subdirecciones, muchas de las cuales dependían de direcciones generales ya desaparecidas. Con el decreto del 30 de abril, los altos cargos del Ejecutivo pasaron de 343 a 311 al desaparecer ocho directores generales, un secretario general y responsables de 14 organismos autónomos con rango de director general.
El Gobierno reconoció que el ahorro -alrededor de 4 millones de los 16 que había supuesto el paquete completo, que incluía también la supresión de empresas públicas- era limitado, pero destacó su simbolismo.
Sin embargo, el PP criticó el escaso impacto de la medida y ya reseñó que el recorte de subdirecciones también será insuficiente, por lo que ha pedido restringir el número de asesores "nombrados a dedo". Con ese objetivo registró en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a rebajar en un 50%, en el plazo de tres meses, el personal eventual de la Administración del Estado, medida que, según sus cálculos, se traduciría en un ahorro de 20 millones.
