Bruselas desoye a la Junta tras frenar el Gobierno el decreto antidesahucios

El Ejecutivo materializa su recurso ante el Constitucional, lo que dejará desprotegidas a las 12 familias beneficiarias

el 10 jul 2013 / 14:39 h.

La consejera de Fomento, Elena Cortés, en Bruselas La consejera Cortés se reunió ayer en Bruselas con miembros de la Comisión De vacío. Así se volvió ayer la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), de su reunión en Bruselas con miembros de la Comisión Europea para intentar convencerles de las bondades del polémico decreto antidesahucios. Pero los miembros de la Comisión no fueron nada receptivos. El viaje de la consejera tuvo un preludio fatídico para la Junta: el Gobierno central materializó el recurso ante el Constitucional contra la norma andaluza, que supondrá su paralización inmediata, y además la troika volvió a advertir –por tercera vez– de los “efectos negativos” del decreto para la estabilidad financiera. Y en mitad de este contexto de negociación política y de tiras y aflojas, otras dos familias en riesgo de exclusión, esta vez de Málaga, se beneficiaron ayer de la expropiación temporal de sus viviendas, el aspecto más controvertido de la norma, para evitar verse en la calle. Ya son doce las familias andaluzas que han podido acogerse a la expropiación pero cuando el Constitucional admita a trámite el recurso del Ejecutivo –una decisión que podría producirse hoy mismo– todas ellas quedarán a merced de un juez. La admisión a trámite implicará la paralización del decreto hasta que el Alto Tribunal emita una decisión en firme sobre esta norma. Para ello tiene un plazo de cinco meses, pero mientras tanto estas doce familias seguirán desprotegidas como si la ley antidesahucios nunca hubiera existido. Su embargo seguirá adelante y si el juez estima oportuno, las desalojará de sus casas. “No nos vamos a rendir”, aseguró la consejera. Elena Cortés fue muy crítica con la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar a los tribunales la ley andaluza. Tildó el recurso de “abuso” que “quita poder a la gente, le quita poder al pueblo, y vuelve a dar poder a las entidades financieras”. “El Gobierno no recurre el decreto porque sea inconstitucional. El decreto ley es absolutamente constitucional y tiene seguridad jurídica plena como la luna llena”, insistió la consejera. “El Gobierno recurre el decreto antidesahucios porque funciona, porque hemos demostrado en el año que llevamos en el Gobierno andaluz que hemos sido capaces de aprobar un decreto ley que protege la vida de las familias, que tutela a las familias vulnerables que están en situación de pérdida de la vivienda y que por tanto hay alternativas a las políticas neoliberales que está practicando el Gobierno central”. La Junta está convencida de que el Ejecutivo del PP ha usado como “excusa” a la Comisión Europea –que se ha pronunciado varias veces en contra del decreto– para recurrir ante el Constitucional. De ahí la reunión de ayer en Bruselas. La consejera intentó quemar su último cartucho y quiso explicar en primera persona en qué consiste una norma demonizada por el Gobierno. Al Ejecutivo andaluz no le ayuda nada que la “única” visión que Europa tenga del decreto sea la del Gobierno de Rajoy, una visión, a su juicio, “alarmista”. Cortés llevaba un argumentario para explicar a los miembros comunitarios que el decreto antidesahucios es una “necesidad” en una comunidad como Andalucía, donde se producen unos 45 desalojos al día (80.000 desde que empezó la crisis). Aseguró que esta norma se ajusta a la perfección a la Constitución Española y que es un “antídoto” contra la especulación que ha provocado la crisis. “Hemos defendido claramente que creemos que el decreto es un antídoto contra las políticas de especulación y burbuja inmobiliaria, que son las que nos han traído hasta aquí y las que han hecho que con dinero público tengamos que rescatar a las entidades financieras”, detalló Cortés en la rueda de prensa al término de la reunión, unas palabras recogidas por Europa Press. La consejera alegó ante los funcionarios europeos que el objetivo del decreto es “acercarnos al modelo europeo de alquiler” y “la protección y tutela del derecho a la vivienda en momentos de emergencia habitacional”. Además de la expropiación, el otro punto espinoso de la norma son las sanciones de hasta 9.000 euros a las viviendas vacías en manos de bancos o inmobiliarias, una medida que pretende forzar a que bajen los precios de los alquileres. Pero los argumentos de la consejera no hicieron cambiar de opinión a la Comisión. La troika volvió a disparar ayer contra el decreto antidesahucios en su tercer informe sobre la marcha del rescate bancario español. Según la CE y el Banco Central Europeo, esta ley supone un “riesgo” porque “puede tener potenciales implicaciones negativas para la estabilidad del sistema financiero”. Según Europa, puede “reducir el apetito de los inversores inmobiliarios” y “desanimarlos”, además de provocar un “deterioro del valor de la cartera de la Sareb”, del banco malo que absorbe con dinero público los activos inmobiliarios deteriorados de las entidades financieras. Calcula en 200 millones ese efecto negativo y recuerda que “aproximadamente el 10% de la cartera de la Sareb está en Andalucía (6.000 viviendas)”.

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