La sanción ejemplar de dos años de suspensión de empleo y sueldo, impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria judicial del caso Mari Luz se puede traducir como una presión en toda regla al Consejo General del Poder Judicial, que debe pronunciarse sobre el recurso de la fiscalía para elevar a tres años de suspensión la simple multa de 1.500 euros que le impuso al Juez Tirado la comisión disciplinaria saliente. El Gobierno, a través del duro castigo a la funcionaria, hace pública su disconformidad con la sanción a Tirado, pero no rebasa los límites del estricto ámbito de sus competencias. Sin embargo, las recientes declaraciones de la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en las que aboga por la mayor sanción para el juez del caso Mari Luz, y que se suman a otras anteriores del minsitro Bermejo igualmente beligerantes, suponen una peligrosa extralimitación en las normas de un Estado de Derecho que el propio Ejecutivo se jacta de cumplir escrupulosamente. Al manifestarse en esos términos, De La Vega no respeta la independencia del Consejo General de los jueces. ¿Se le ha ocurrido al Poder Judicial decirle al Gobierno que debería haber disculpado a la secretaria judicial sancionada? El Gobierno está sobreactuando en un asunto que ha conmocionado España, pero que debe ser juzgado bajo las estrictas normas de la independencia judicial que garantiza el Estado de Derecho. No se trata de juzgar el comportamiento del Juez Tirado, que ha cometido una grave negligencia. Pero nos irá mejor a todos si el Gobierno se dedica a su tarea y los jueces a la suya. Cuando no se respetan los márgenes de actuación, la democracia navega a la deriva. Cualquiera, Gobierno incluido, tiene derecho a opinar sobre los pronunciamientos judiciales desde el respeto a sus consideraciones. Pero querer influir desde el Ejecutivo, emitiendo juicios paralelos que pretenden influir en otro poder del Estado, supone una grave irresponsabilidad impropia de quienes han recibido el mandato de gobernar.
