I.M.
El Gobierno insistió en que cerrará la financiación en julio por más que la tensión se apodere de la fase final, el acuerdo parezca imposible y Andalucía y Cataluña aparezcan más enfrentadas que nunca. La Junta admitió que desconoce los términos de la negociación de Salgado con la Generalitat.
Pactar el futuro modelo de financiación autonómica "encierra una gran complejidad", admitió ayer el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves. Pero el tan traído y llevado acuerdo político entre el Estado y las comunidades autonómas tendrá que estar listo en dos semanas. El Gobierno de la nación mantuvo ayer los plazos fijados por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y advirtió que la fecha tope es la del 15 de julio. El nuevo sistema, avisó Chaves, es "fundamental" y no se trata de "un capricho ni una ocurrencia", sino de una "necesidad objetiva", agregó en un momento de nubarrones y cuando varias comunidades como Andalucía o Extremadura han amagado con un plante al acuerdo si no se respetan los principios básicos cerrados el pasado diciembre.
El vicepresidente Chaves se reunirá el próximo lunes en Sevilla con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Será una de las últimas citas en la gira autonómica emprendida por el ex presidente andaluz para cerrar los criterios políticos del futuro modelo de financiación autonómica. Pero no será la cita definitiva en la que se cierre un acuerdo final, recordaron las partes implicadas en el encuentro. El peso de la negociación recae en estos momentos, según fuentes del Ejecutivo de la nación, en el Ministerio de Economía que dirige Elena Salgado. "Ahora toca poner números y la negociación económica corresponde a la vicepresidenta segunda", aseguraron fuentes del Gobierno. En el Ejecutivo de Zapatero están convencidos de que la negociación llegará a buen puerto y enmarcan la tensión actual como algo normal dentro de la recta final de la negociación.
El Gobierno andaluz sin embargo insistió ayer en que el margen de desacuerdo existe. Desde la Junta reiteraron la advertencia de Griñán, que endureció el tono el pasado lunes para avisar de que si en el futuro modelo se generan desigualdades "Andalucía va a decir que no". Fuentes del Ejecutivo autonómico explicaron que se ha mantenido diálogo con el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y con José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía. Sin embargo el Gobierno andaluz aún no ha tenido la oportunidad de entrevistarse con la vicepresidenta Elena Salgado desde que ésta accedió al cargo en sustitución de Pedro Solbes. La ministra de Economía sí que ha mantenido varios encuentros con el consejero catalán del ramo, Antoni Castells.
Tanto en el Gobierno de Griñán como en el PSOE andaluz temen que se hayan planteado cambios en el modelo que propuso el Ejecutivo de la Nación a final del pasado año y que contemplaba la población como el factor clave en el reparto de los recursos del Estado. Varias declaciones públicas de la ministra Salgado hace pensar a los andaluces que el Gobierno ha accedido a las pretensiones de Cataluña y contempla la recaudación tributaria como uno de los elementos que se compensarán en el sistema. Esa es la línea roja que no admitirán que se pise, avisan.
