El Gobierno prolonga la incertidumbre sobre las oposiciones a profesor

El Ministerio de Hacienda no aclara si recurrirá la convocatoria pero sugiere a la Junta que reduzca la oferta de 2.389 plazas, porque excede el límite legal impuesto.

el 20 feb 2012 / 21:06 h.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de quien depende el hipotético bloqueo de las oposiciones andaluzas. / EFE

El Gobierno todavía mantendrá un tiempo la espada de Damocles sobre los 30.000 aspirantes a una plaza de profesor en Andalucía. La convocatoria para optar a las 2.389 plazas de Secundaria, FP y enseñanzas especializadas está aprobada desde el 9 de enero y se formalizó la semana pasada con el envío al BOJA de la orden que abrirá el plazo para registrarse al examen y el calendario de las pruebas en junio. Sólo falta saber si el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decide interrumpir el proceso o dejarlo continuar. El departamento de Cristóbal Montoro se reunió ayer, por primera vez desde que empezó la incertidumbre sobre las oposiciones, con miembros de la Consejería de Educación. No desveló si pedirá a los tribunales que las paralice, pero sí transmitió a la consejería "qué aspectos de la convocatoria habría que cambiar para que ésta se ajuste a la ley".

Según fuentes del ministerio, Hacienda "no está de acuerdo ni con la tasa de reposición que ha usado la Junta, que es del 30% cuando debería ser del 10%, ni con el cálculo que ha hecho sobre la consolidación de puestos de interinos". En román paladino: el Gobierno sugiere que la Junta oferta más plazas de las que puede. Pero fuentes de la consejería aseguran que "por parte de Hacienda no hubo ni contrapropuesta a la oferta andaluza ni se dio una cifra alternativa".

La Junta esperaba que la reunión fuera definitiva y acabar con la incertidumbre que pesa sobre los 30.000 opositores andaluces. Pero fue una reunión "técnica e informativa" que duró 20 minutos. El consejero Francisco Álvarez de la Chica la calificó de "corta, cordial, muy poco útil y decepcionante". A la cita asistió su número dos, el viceconsejero, Sebastián Cano, que expuso los argumentos jurídicos en los que se escuda la Junta para defender las 2.389 plazas. En el otro extremo de la mesa se sentaron el director general de Costes y Personal, la de Función Pública y el secretario general técnico del Ministerio de Educación, José Canal. Al inicio de la reunión, los portavoces de Hacienda preguntaron a Cano si "estarían dispuestos a modificar el decreto andaluz de oferta de plazas". Cano repreguntó cuál era la propuesta del ministerio, según algunos presentes en la cita. "Ahora no es el momento de las propuestas, sino de conocer los datos", fue la respuesta.

Baile de cifras. De haberse producido ayer una negociación, se suponía que el principal escollo habría girado en torno al límite de la tasa de reposición. Andalucía rebasa el tope que ha impuesto el Gobierno al número de plazas que se puede sacar a concurso. La ley de presupuestos generales no permite que se sustituyan todas las vacantes que dejaron los profesores jubilados el año pasado. Es una decisión inusual que se ha tomado pensando en el ahorro del déficit público. La primera vez que se adoptó fue el año pasado, con un límite del 10% para toda la administración. Tras negociar con los sindicatos, se elevó al 30% para el cuerpo docente: de cada diez maestros jubilados, podrían reponerse tres.

Luego el Gobierno de Mariano Rajoy volvió rebajar el límite al 10% en su primer Consejo de Ministros, el pasado 30 de diciembre, pero para entonces la Junta ya había aprobado su oferta de plazas ajustándose al 30% que marcaba la ley anterior. En la reunión de ayer, Hacienda le recordó al viceconsejero de Educación que el decreto de las oposiciones andaluzas se había publicado después de que el Gobierno aprobara su Real Decreto, con un límite inferior. Pero la Junta recuerda que la convocatoria de oposiciones fue aprobada antes, en el último Consejo de Gobierno de diciembre y defiende que ese acto tiene valor administrativo, de modo que el Estado no puede aplicar el Real Decreto "con carácter retroactivo" para corregir la oferta andaluza.

Para aceptar los criterios del Estado, la Junta tendría que recortar 300 plazas, un 10% de las 2.389 que oferta. Pese a todo, Educación no llegó a aplicar el 30% de la tasa de reposición. Hubo 3.057 jubilaciones el año pasado, y sólo se ha ofertado el 20% de las vacantes. La consejería estaría dispuesta a negociar un recorte en esta línea para acabar con la incertidumbre de los opositores, pero espera a saber cuál es la propuesta del Gobierno.

Con todo, el mayor problema que se encontró ayer la Junta es que Hacienda tampoco parece asumir el cálculo de plazas para la consolidación de puestos interinos. Para sortear el límite estatal, la consejería se agarró a una lectura legal "en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta cuarta de la Ley del Estatuto Básico del Empleado". De las 2.389 plazas, 637 son vacantes de jubilados y 1.752 son puestos de interinos imputables a la consolidación de empleo. El Gobierno de Zapatero aceptó esta lectura legal, pero el nuevo Ejecutivo plantea dudas.

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