El Gobierno ha terminado por rendirse a la evidencia y habilitará un depósito judicial adecuado para guardar los alijos de droga que se incauten las fuerzas de seguridad. La decisión se toma más de un año después de que se detectara el escandaloso robo de 150 kilos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior, convertidos en eterno almacén provisional, y tardará en llegar: dos o tres años, según la información que facilitó ayer el subdelegado del Gobierno, Faustino Valdés, a la comisión provincial de Policía Judicial de Sevilla.
El almacén se situará en la calle Chaves Rey, junto a La Palmera, en las dependencias del parque móvil ministerial, que tiene muchos metros cuadrados en desuso por la reducción del número de vehículos y la desaparición de los antiguos talleres.
El proyecto ya está diseñado, pero en los dos o tres años que tardarán en hacerse realidad el parche consistirá en seguir como hasta ahora: la droga continuará en las dependencias policiales y, si hiciera falta, los alijos de mayor entidad podrían enviarse a las comisarías de Cádiz o Málaga, que sí tienen depósitos para la droga, según manifestó el subdelegado ante la comisión.
Valdés acudió como invitado a este órgano, que se reúne periódicamente y donde están representados jueces, abogados, fiscales y fuerzas de seguridad, ya que en el orden del día figuraba la custodia de los estupefacientes, un asunto que según diversas fuentes ya se ha tratado en más de una ocasión. "Es un problemón que tenemos y sabemos que hay necesidad de solventarlo", explicaron estas fuentes.
Por eso, los asistentes hicieron autocrítica y admitieron que todos deben intentar agilizar la destrucción de los alijos "siempre que se pueda". La ley prevé que los alijos sean quemados siempre, salvo excepciones, pero en la realidad ocurre al contrario: la excepción es que se destruyan.
En algunas etapas del proceso judicial es necesario tener los alijos a disposición del juez, pero superada esa etapa, y salvo casos en los que se justifique mantener toda la droga, deberían quemarse una vez extraídas las muestras necesarias para hacer los análisis y contraanálisis pertinentes. Pero el colapso en los juzgados, la carga de trabajo de jueces y fiscales o la propia costumbre hacen que la decisión de destruir los estupefacientes acabe por no adoptarse nunca y los depósitos judiciales almacenen toneladas de droga. "Unas veces no se resuelve rápido y otras veces nadie lo pide con claridad", resumen fuentes de la comisión. Ahora, todos tratarán de enmendarse.
