El Gobierno propondrá que la reforma del Código Penal contemple medidas de libertad vigilada para pederastas y terroristas reincidentes que duren hasta veinte años después de cumplida la condena.
Así lo han anunciado hoy los ministros de Justicia y de Interior, Mariano Fernández Bermejo y Alfredo Pérez Rubalcaba, respectivamente, después de mantener una reunión sobre la reforma del Código Penal que será presentada al Congreso este otoño.
Esta modificación también prevé que los delitos de terrorismo más graves, como los asesinatos, no prescriban.
Los ministros del Interior y de Justicia, Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Bermejo, respectivamente, se han reunido hoy, a las 16.00 horas, para analizar las principales líneas sobre las que debe discurrir la próxima reforma del Código Penal.
La reunión, celebrada en la sede del Ministerio de Justicia, ha estudiado las principales necesidades a las que debe hacer frente la reforma del Código Penal, sobre todo en lo relativo a los delitos de terrorismo y delincuencia sexual.
En materia antiterrorista, los principales partidos políticos ya alcanzaron un acuerdo para emprender una reforma legislativa que estudie medidas para evitar situaciones "de bochorno" a las víctimas del terrorismo como las producidas tras la salida de prisión del etarra Ignacio de Juana Chaos, que tiene su residencia en la misma calle en la que viven varias víctimas de ETA.
La reforma del Código Penal también buscará la eliminación de todas las calles o plazas que en homenaje a miembros de organizaciones terroristas. Rubalcaba ya anunció la pasada semana en su comparecencia en el Senado que "en poco tiempo" no habrá ninguna calle dedicada a terroristas.
Sobre delitos sexuales, el Congreso ya aprobó en el mes de junio una proposición no de ley en la que se pedía elevar las penas por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cuando la víctima sea especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, así como el cumplimiento efectivo de las penas en la forma que determinen las leyes atendiendo a que la sociedad demanda una protección más eficaz frente a las formas de delincuencias más graves.
En una reunión en el Palacio de La Moncloa, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, ya acordaron impulsar este tema después del caso de la niña onubense Mari Luz Cortés, cuyo presunto asesino debería haber estado en prisión cumpliendo condena por otros delitos.
