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El Gobierno propone gravar el juego por internet

El impuesto será distinto para cada modalidad y recaerá en el operador

el 17 sep 2010 / 20:39 h.

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Las vicepresidentas primera y segunda, ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros.

La futura Ley del Juego regulará todas las modalidades de juegos de azar, e incidirá en especial en las nuevas formas de juego, entre ellas las apuestas por internet, por el teléfono móvil, por sistemas interactivos o mediante herramientas informáticas. La legislación, con la que el Gobierno pretende reforzar la protección de los consumidores y prevenir delitos como la estafa o el blanqueo de capitales, prevé además la creación de un nuevo impuesto, que será diferente para cada tipo de juego y recaerá sobre los operadores.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la Ley del Juego, informaron tras la reunión las vicepresidentas primera y segunda del Ejecutivo, Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado.

La ley, resumió la vicepresidenta segunda, pretende impulsar una actividad económica legal, modernizar el sistema actual mediante la conversión del organismo Loterías y Apuestas del Estado en una sociedad empresarial -lo que puede propiciar una participación del sector privado-, reforzar la protección de los consumidores y utilizar todas las herramientas, las cautelas y las garantías de la sociedad de la información.

La ministra de Economía y Hacienda insistió en que, aunque las competencias sobre juego son de las comunidades autónomas, es necesaria una norma general que regule el sector, ya que muchas de sus actividades, y debido a la utilización de medios telemáticos, trascienden de las fronteras de cada comunidad.

Elena Salgado subrayó el "vacío legal" que existe en esta materia en España, y destacó que la ley incidirá en la protección de los menores y en evitar la incitación al juego. Esta legislación prevé la articulación de un régimen sancionador que será tutelado por un regulador único, similar a la actual Comisión Nacional del Juego aunque ampliada con representación de las comunidades autónomas.

Respecto al régimen fiscal al que estará sometido el sector, Salgado adelantó la creación de un impuesto específico sobre la recaudación, aunque auguró que una gran parte del porcentaje de la misma será para las comunidades.

Así, explicó que estarán exentos de esa tasa los juegos de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE -sujetos a una regulación específica-.

La titular de Economía precisó en este sentido que ese impuesto será diferente para cada tipo de juego y, aunque insistió en que el Ministerio no tiene un cálculo preciso, algunas asociaciones cifran el volumen de negocio del juego por internet en unos 200 millones.

Agencias de ‘rating' bajo control

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) supervisará las agencias de calificación crediticia a partir de 2011, según confirmó la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado.

"Después de la crisis financiera la UE ha visto la necesidad de completar la regulación de las agencias de calificación, claves para la estabilidad del sistema financiero en tanto que evalúan la solvencia de una entidad o de un instrumento financiero", indicó.

La normativa establece la obligación para las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión de utilizar las calificaciones emitidas por agencias registradas o certificadas en virtud del reglamento para el cálculo de sus recursos propios.

España traspone así el reglamento europeo 1060/2009, que determina las condiciones organizativas y operativas que deben cumplir las agencias, así como su régimen de registro y supervisión. La reforma incluye además el régimen sancionador y el de colaboración entre supervisores.

Al ser preguntada por las sanciones que pueden imponerse a las agencias de rating, Salgado dijo que éstas serán las aplicables según el reglamento y la decisión del organismo supervisor de los mercados correspondiente.

El reglamento europeo contempla la creación de la Autoridad Europea del Mercado de Valores (ESMA, por sus siglas en inglés) con competencias de supervisión sobre las agencias de calificación, aunque esta entidad delegará en los organismos supervisores nacionales algunas de sus funciones.

 

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