Después de anunciar que el Gobierno podrá intervenir a las comunidades autónomas que incumplan el techo de déficit y anunciar una nueva línea ICO para que las que pasan más apuros puedan pagar a sus proveedores y mejorar su liquidez, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se descolgó ayer con otra medida polémica. Así, anunció que se modificará la Ley de Transparencia del Gobierno para exigir responsabilidades penales a los gestores públicos que eleven el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto.
"Un gestor público, sea político o nombrado por un político, no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", señaló Montoro, que indicó que los gestores públicos que "falsean" la contabilidad deben afrontar las mismas responsabilidades penales que los privados que cometen igual delito.
Montoro indicó que se debe exigir rigor en la gestión. "Si un gobierno quiere gastar más que se lo pida subiendo los impuestos a los ciudadanos y que los ciudadanos decidan después, en unas elecciones, si lo que ha hecho ese gobierno es correcto. Lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora", advirtió.
Pero no parece fácil poner la medida en marcha. Los expertos jurídicos destacaron la dificultad que supondría acotar y definir las responsabilidades penales derivadas de elevar el gasto más allá de lo fijado en el presupuesto, dados los imprevistos que pueden surgir en la gestión pública, según varios abogados especializados en derecho penal consultados por Europa Press.
Los letrados coincidieron en afirmar que la regulación debería incluir un capítulo de imprevistos, ya que, además de cubrir las necesidades básicas establecidas en los presupuestos, las administraciones públicas pueden hacer frente a urgencias medioambientales o sanitarias, entre otras. De esta forma, los expertos explicaron que se puede responsabilizar a los gestores públicos a asumir obligaciones corrientes con un presupuesto determinado, pero destacaron la dificultad de definir los delitos de malversación de fondos públicos cuando surgen imprevistos.
Además, destacaron que establecer este tipo penal requeriría una reforma del Código Penal, mediante el desarrollo de una Ley Orgánica. El ministro de Hacienda dijo que se modificará la Ley de Transparencia del Gobierno.
Los expertos destacaron que la medida puede ser satisfactoria para controlar la legalidad de los contratos públicos y la fiscalización de comunidades y ayuntamientos. En este contexto, destacaron que las responsabilidades personales recaerían sobre los políticos, así como sobre los técnicos encargados de las licitaciones públicas y de las auditorías de cuentas de las administraciones.
Por otro lado, el ministro avanzó que la línea ICO para que las comunidades puedan afrontar pagos pendientes con sus acreedores "podría estar lista en un par de meses". Montoro, en declaraciones a la cadena SER, señaló que la intención del Gobierno es que esos proveedores a los que las autonomías deben dinero puedan cobrar las facturas pendientes "antes del verano".
"Que nos expulsen de España si no nos avalan"
El consejero de Economía de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Colell, retó ayer a España a expulsar a Cataluña si no avala las demandas del Gobierno catalán. "Tenemos derechos al aval del Reino de España en relación a nuestra deuda, y si no, que nos expulsen", fue el órdago que lanzó en el debate de totalidad de los presupuestos de 2012 en el Parlamento catalán.
Mas-Colell aseguró, además, que Cataluña "nunca" ha estado cerca de la quiebra, pese a reclamar al Estado el pago de los 759 millones de la disposición adicional tercera del Estatut y los 1.450 millones del fondo de competitividad.
Se pronunció así en respuesta a la posibilidad de que el Gobierno pueda llevar a los tribunales a los gobernantes que incumplan el déficit.
El consejero, además de destacar que la opción de sancionar procede de Europa y que debe estudiarse cada situación, insistió en que Cataluña aspira al pacto fiscal y que confía en que la relación con el Gobierno se base en la lealtad institucional.
Se decantó por aplicar mecanismos "más tradicionales", incluso de carácter informático, para controlar el gasto presupuestario de las comunidades autónomas.
Respaldo y escepticismo entre las regiones
Las comunidades autónomas, doce de ellas gobernadas por el PP, reaccionaron ayer con disparidad al sorprendente anuncio de que se puedan exigir responsabilidades penales por exceder el déficit. Unas aplaudieron la medida para garantizar que se cumplen los presupuestos, otras se mostraron escépticas y cuestionaron su necesidad y las hubo que dieron la callada como respuesta y se limitaron a ensalzar las medidas para favorecer su liquidez.
La consejera andaluza de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, espetó que Andalucía no tiene "ningún miedo" a posibles sanciones penales y recordó el compromiso con la estabilidad presupuestaria de la Junta y la contabilidad "perfectamente clara y auditada" en la comunidad autónoma, de forma que "se examina cada tres meses por las tres agencias, que nos miran las cuentas de arriba abajo".
El consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, abundó en que el planteamiento de sanciones penales "no añade en términos técnicos o jurídicos" porque "la gestión de los recursos públicos se hace conforme a la ley y bajo sometimiento a la ley".
La consejera de Hacienda de la Xunta de Galicia se pronunció "a favor" de que se exijan "responsabilidades" a los gestores y apuntó que la ley gallega de disciplina presupuestaria -aprobada en junio- ya las establece, aunque no en el ámbito penal.
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, recordó que el control del déficit supone un "compromiso" exigible a los gestores del que no se pueden separar "incluso de responsabilidad penal" y reiteró la importancia de "no gastar más de lo que se dispone", pero también de "garantizar servicios públicos dignos".
