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El Gobierno quiere que las grandes empresas con beneficios que prejubilen compensen al Estado

La enmienda abre la puerta a que el Gobierno negocie con empresas y  sindicatos su desarrollo reglamentario.

el 27 abr 2011 / 09:41 h.

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El Gobierno quiere que las grandes empresas de más de 500  trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los dos últimos  años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten  a trabajadores mayores de 50 años efectúen una "aportación económica"  al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el  sistema de protección por desempleo.

Así lo refleja una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de  ley de reforma de las políticas activas de empleo, en la que se  plantea que dichas aportaciones podrán destinarse "total o  parcialmente" a generar créditos para la financiación de políticas  activas de empleo de los trabajadores de más edad.  

Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en  consideración el importe de las prestaciones y subsidios por  desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el  expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la  Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo  Estatal.  

SE DETERMINARA REGLAMENTARIAMENTE.

Asimismo, se tendrá en cuenta una escala diseñada en función del  número de trabajadores de la empresa y el de aquellos mayores de 50  años afectados por el despido colectivo, así como de los beneficios  de la empresa. Además, se determinarán reglamentariamente el  procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva  la aportación.  

Lo que sí concreta es que se considerará que una empresa ha tenido  beneficios cuando el resultado del ejercicio, tal y como se define en  el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de  Contabilidad, sea positivo.  

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, señaló hace una semana  que su idea era que una empresa de "suficiente tamaño", que tenga "un  volumen de beneficio suficientemente amplio" y lleve a cabo EREs con  consumo de prestaciones por desempleo, "contribuya a que el gasto  (para las arcas públicas) disminuya pagando ella misma la  prestación", si bien esta idea no ha quedado finalmente recogida en  la enmienda en estos términos exactos.  

AFECTARA A TELEFONICA.

Además, el texto presentado por el PSOE concreta los requisitos de  los procesos sujetos a esta obligación, como el que sean realizados  por empresas de más de 500 trabajadores o que formen parte de grupos  empresariales que empleen a ese número de trabajadores.

Los EREs deberán afectar, al menos, a 100 trabajadores en un  periodo de referencia de tres años, con independencia del número de  trabajadores de 50 o más años de edad afectados. Esta disposición  afectaría a Telefónica, que plantea recortar el 20% de su plantilla  en España precisamente en ese periodo de tiempo.

"EXPULSION PREMATURA E INJUSTA".

El PSOE considera que la normativa laboral vigente en materia de  prejubilaciones pude "resultar adecuada" para que las empresas  accedan a la flexibilidad que requieren en una economía "cada vez más  abierta", si bien estos procesos pueden producir "impactos sociales y  económicos no deseados", por la "expulsión prematura e injusta" del  mercado e los trabajadores de más edad.  

A ello se suma el "importante coste para el sistema de protección  por desempleo", difícil de asumir "socialmente" cuando las empresas  que realizan estos procesos de reestructuración tienen necesidad de  ponerlos en práctica aún habiendo obtenido beneficios, "tanto más en  una coyuntura como la actual".  

SE APROBARA ANTES DEL VERANO.  

La enmienda entraría en vigor antes del verano, ya que se enmarca  en un proyecto de ley que se tramita por procedimiento de urgencia,  aunque el resto de grupos deberá determinar si da apoyo finalmente a  la propuesta del Gobierno o plantea cambios a la vista del texto  finalmente registrado, pese a que toda la oposición está a favor, en  principio, de legislar en esta dirección.  

No obstante, el desarrollo reglamentario del mecanismo de  aportaciones podría dilatar su aplicación, ya que el Gobierno abriría  un periodo de negociación con los sindicatos y empresas para fijar  los umbrales concretos.

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