El Gobierno quitará a los partidos políticos y a los sindicatos su condición actual de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal y está dispuesto a abrir la puerta a sacar de las listas electorales no a los imputados, sobre los que aún no pesa indicios de responsabilidad criminal, pero sí a aquellos encausados a los que se va a abrir juicio oral.
Así lo ha adelantado en el Pleno del Congreso el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que tiene intención de incluir estos cambios en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o bien en el nuevo Código Penal.
El anuncio se ha formalizado como respuesta a la interpelación planteada por la portavoz nacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quien se ha mostrado satisfecha con los cambios prometidos. "Me ha alegrado la tarde", ha reconocido.
La líder de la formación magenta ha recordado que España ocupa el trigesimoprimer puesto en el ránking mundial de la corrupción y ha resaltado la necesidad de adoptar medidas como un pacto para despolitizar la Justicia, restricciones en la presentación de candidatos y también una reforma de la ley electoral.
En concreto, ha lanzado dos propuestas. Por un lado, excluir a los imputados de las listas electorales y de los cargos públicos que ocupen, pues considera que, "aunque la inmensa mayoría de los políticos son personas altruistas y generosas", lo cierto es que actualmente se calcula que hay más de un centenar de imputados ocupando cargos públicos y "los partidos no toman las medidas necesarias para separar el trigo de la paja y para apartar las manzanas podridas".
La segunda propuesta de UPyD es "derogar" los privilegios de los partidos políticos y, en concreto, sacarles de la lista de personas jurídicas exentas de responsabilidad penal, un estatus que tienen las instituciones oficiales y que limita la persecución penal a los individuos sin que se pueda actuar contra los órganos ejecutivos y la organización.
"Es un privilegio injustificado que no contribuye a combatir la corrupción -ha asegurado-. Carece de justificación que los partidos y los sindicatos estén exentos de responsabilidad penal porque son asociaciones privadas, deberían estar en el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas".
Gallardón recogió el guante de ambas propuestas. A su juicio, sólo el Estado, las instituciones de carácter público, pueden tener ese "privilegio" de exención de responsabilidad penal, mientras que los partidos y sindicatos "son entidades de derecho privado y no tiene sentido eximirles".
"Sí, tiene toda la razón -ha replicado a Rosa Díez-. No es de recibo que los partidos políticos y los sindicatos estén exceptuados de responsabilidad penal. Eso será modificado por el Gobierno y los partidos y sindicatos serán tratados exactamente igual que el resto de personas jurídicas".
En cuanto a la exclusión de los imputados, el ministro ha preferido elevar el listón. Según ha explicado, la figura del imputado se implantó como una garantía para la persona citada a declarar y ahora se ha convertido en una "precondena", en lo que se conoce como "la pena del Telediario".
"Da igual cómo acabe el proceso, al imputado ya se le ve como un condenado y eso no es lo que quiso la Constitución -ha añadido-. No debemos aceptar la terminología popular que identifica imputado con culpable, es mejor apreciar un indicio racional de criminalidad".
A su juicio, "no puede ser" que el reconocimiento de unas garantías procesales se convierta en una condena previa hasta el punto de que una persona imputada, sin que medie condena alguna, pueda ser privada del derecho a ser elegido. "No podemos aceptar que un imputado sea privado de derechos", ha insistido.
Es más, Gallardón ha recordado que, en el actual procedimiento abreviado, la mera interposición de una querella ya conduce a citar como imputado al denunciado, y ha remarcado que pudiera darse el caso de que alguien, "de forma torticera", interpusiese una querella en vísperas del plazo de presentación de listas para dejar fuera de la carrera electoral a una persona, lo que implicaría dejar la confección de las listas en manos de particulares.
Por ello, el Gobierno prefiere buscar una fase judicial "ulterior" a la hora de establecer la inelegibilidad, y en este sentido ha propuesto esperar a la apertura del juicio, oral, que ya implica la existencia de un "indicio racional de criminalidad".
Rosa Díez ha aceptado las contraofertas del ministro y las plasmará en la moción que UPyD someta a votación en la próxima sesión plenaria ordinaria. "Es un gran avance -ha reconocido-. Me ha alegrado usted la tarde".
