J. G P./ J. A.
El Ayuntamiento de Sevilla pretende recurrir a contratar autobuses privados para paliar los efectos de la huelga de Tussam para la próxima Feria de Abril. Así lo anunció la delegada de Fiestas Mayores, quien rechazó que esta medida sea ilegal: "Lo que es ilegal es tirarle piedras a los autobuses con personas dentro".
La contratación de servicios externos para cubrir una prestación de una plantilla en paro puede suponer una vulneración del derecho de huelga. Pese a esto, el equipo de Gobierno anunció ayer que tomará medidas de este tipo si se agotan las posibilidades de negociación con los sindicatos de Tussam.
El Ayuntamiento de Sevilla estudias las opciones jurídicas de contratar un servicio de autobuses privados durante la Feria. Ya habrá uno, autorizado incluso por los sindicatos: la lanzadera entre el Charco de la Pava y el Real. Ésta es adjudicada por Aussa a una empresa -hasta ahora ha sido Tussam, pero que este año será otra compañía de transportes privada.
La delegada de Fiestas Mayores, Rosamar Prieto-Castro, quien se mostró especialmente crítica con las condiciones impuestas por los sindicatos para desconvocar la huelga -las calificó de "chantaje, tomadura de pelo e insulto"-, planteó estas alternativas en el transcurso de un desayuno informativo en la Taberna del Alabardero.
Prieto-Castro insistió en que tanto la Delegación de Movilidad como la dirección de Tussam están "haciendo gestiones" para disminuir los efectos de la huelga de Tussam en el transporte público, recurriendo a alcanzar "acuerdos con empresas privadas".
"Si los servicios mínimos se quedan en 3 autobuses y los necesarios son 20, los otros 17 se suplirán con otros autobuses que no sean de Tussam", explicó de un modo gráfico la delegada. Prieto-Castro se lamentó de que "posiblemente" estos autobuses privados tengan que llevar protección policial, "porque si no se les apedrea y se les pincha las ruedas".
Cuestionada por la posible ilegalidad que significaría recurrir a contratar los servicios de alguna empresa de autobuses que no sea la municipal para paliar los efectos de la huelga, la delegada de Fiestas Mayores fue tajante al afirmar que "lo que es ilegal es tirarle piedras a los autobuses con personas dentro", y defendió que "la obligación" del Consistorio en unas circunstancias como éstas es la de "poner unos servicios mínimamente necesarios".
Con un fondo similar, pero con muchos matices, se expresó la delegada de Convivencia, Nieves Hernández, al término de la Junta Local de Seguridad. La edil subrayó que, aunque se trata de una posibilidad, debe estudiarse su viabilidad jurídica e incidió en que no se tomarán medidas que atenten contra la ley que regula el derecho de huelga.
Pese a estos matices, la postura defendida por el equipo de Gobierno cayó como un jarro de agua fría en CCOO, el segundo sindicato con más afiliados en Tussam, que respalda la huelga pero que siempre ha mantenido una postura dialogante. El secretario de este sindicato en Tussam, Miguel Pereira, mostró, en declaraciones a Europa Press, su malestar por el anuncio realizado por el Consistorio y subrayó que sería una medida "ilegal".
Esta postura encontró el respaldo del secretario general de CCOO, Rafael Fernández Sierra, quien tildó las declaraciones de Prieto-Castro como una "provocación": "No va a solucionarse el conflicto de Tussam ni añadiendo leña y gasolina al fuego con algunas declaraciones públicas, ni tampoco vulnerando el derecho de huelga con el esquirolaje. Sólo se arreglará algo haciendo un esfuerzo por encontrar una salida, con posiciones consensuadas".
Las palabras de Prieto-Castro se produjeron además el mismo días en el que estaba prevista una decisiva reunión entre la dirección de Tussam y los sindicatos. La empresa siempre ha defendido que no puede recurrir a contratar servicios externos y ha apostado por medidas alternativas como establecer carriles específicos para el transporte público entre el Real y el Prado o reestructurar el sistema de adquisición de los billetes en las taquillas.
