Dos años después de delegar la gestión a Andalucía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha vuelto a asumir las competencias sobre las aguas del río, integrando el personal transferido en 2009 a la Junta, que entre funcionarios y laborales supone más de 630 personas. La devolución del personal y toda la financiación pareja se ratificó la semana pasada en el Consejo de Ministros, y puso fin a un litigio entre Gobierno y Junta que ha durado casi siete meses.
Se da cumplimiento así a lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia del 16 de marzo. La ejecución del fallo ha estado bloqueada todo este tiempo, mientras Gobierno y Junta intentaban ponerse de acuerdo sobre un reparto de competencias que respetara la sentencia y permitiera a Andalucía mantener suficiente capacidad de gestión. Durante la encomienda de gestión transitoria, los regantes y los ecologistas no han dejado de exigir la ejecución inmediata de la sentencia del TC.
Tras concluir el periodo de gestión transitoria sin acuerdo, la Junta optó por devolver "el cien por cien" de las competencias sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por Andalucía. Desde el momento de la publicación del Real Decreto en el BOE, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha asumido de nuevo los medios personales y materiales traspasados a la Junta en 2009 para garantizar la continuidad en la gestión de la cuenca con la mayor normalidad posible.
En este nuevo contexto, la CHG y la Junta están manteniendo una relación de "total colaboración" con el objetivo de llevar a cabo una reversión de las competencias de manera "efectiva y ordenada". El presidente andaluz, José Antonio Griñán, habló por primera vez del Guadalquivir desde la devolución de las competencias: "Acatar la sentencia no es renunciar al consenso expresado en el Parlamento y en las urnas", dijo.
