El Gobierno andaluz trasladó por vez primera datos del dinero que ha recuperado del supuesto macrofraude de los Expedientes de Regulación de Empleo que instruye la magistrada Mercedes Alaya. La Junta, a través de la Consejería de Economía, confirmó que ha recuperado un total de 5 millones de euros de intrusos en los ERE bajo la lupa judicial. Esta cifra sale entre cantidades reintegradas y otras que están en vía de apremio, es decir sobre las que Hacienda tiene orden de embargo. Según la investigación interna de Economía, por la vía de intrusos en los ERE financiados con fondos públicos se malversaron supuestamente un mínimo de 17 millones de euros. 
La Junta contabilizó hasta 235 beneficiarios bajo sospecha en los ERE. De éstos, 71 eran intrusos, no tenían ninguna relación con la empresa que cerraba y la mayoría eran familiares o afines a los cargos socialistas o a sindicalistas de la trama. Para el resto, se detectaron irregularidades administrativas, aunque sus pólizas aclaró Economía han sido también suspendidas y se ha pedido el reintegro. Hay otros 73,8 millones que el Gobierno andaluz reclama ahora a través de 189 expedientes a las empresas por ayudas indirectas indebidamente concedidas.
El dinero supuestamente defraudado por la vía de los intrusos es solo una de las patas del caso ERE. La jueza Mercedes Alaya ha abierto nuevas líneas de investigación a raíz de distintas operaciones de la Guardia Civil y ha señalado que el alma de este fraude estaría en el dinero de las sobrecomisiones abonado a las compañías aseguradoras y sobre el que los investigadores siguen el rastro en una instrucción que cumplirá seis meses bajo secreto judicial. La jueza considera probado que por esta vía se desviaron, como mínimo, otros 50 millones. La primera parte de la instrucción de los ERE puso en cuestión el carácter legal de toda la partida presupuestaria 31-L, dotada inicialmente con 647 millones y que con las sucesivas ampliaciones alcanzó los 1.217 millones.
La jueza Alaya se reunió ayer con el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, para rendir cuentas sobre su trabajo. Según trasladó Del Río, la magistrada mostró su compromiso de potenciar y agilizar la instrucción de las cuatro macrocausas que investiga para intentar concluir durante este año 2013 la instrucción de alguna, para lo que está desarrollando un esfuerzo enorme. Las cuatro macrocausas son las relativas a los ERE fraudulentos, a las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla y el delito societario cometido supuestamente también en la lonja, y la causa contra Manuel Ruiz de Lopera por presunto delito societario y apropiación indebida en su gestión en el Real Betis Balompié. Del Río se trasladó ayer a Sevilla para realizar una inspección de rutina en el Juzgado de Instrucción número 8 y aprovechó para reunirse con la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y con el juez de refuerzo, Rogelio Reyes. Del Río anunció que, dentro de las diligencias contra Lopera, Alaya ha cedido a su juez de refuerzo la instrucción de todo lo relacionado con Luis Oliver, ya que, mover cuatro causas al mismo tiempo es imposible para acortar los tiempos. También ayer se supo que la jueza Alaya ha impuesto una fianza civil de 4 millones de euros a la expresidenta de la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco) Encarnación Poto Monge, y de 45.768 euros al que fuera director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, Gabriel Barrero.
