La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría
Ni el Gobierno central ni el PP-A han visto nunca con buenos ojos el decreto antidesahucios de la Junta, que incluye multas a las casas vacías y expropiaciones a la banca de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. La norma, que se ha convertido en la medida estrella del Ejecutivo de PSOE e IU y que fue acogida con un enorme respaldo social, puso en un aprieto al PP-A, que se abstuvo en el Parlamento porque un voto en contra hubiera sido muy difícil de explicar a la ciudadanía. Es más, los populares andaluces negaron que el Gobierno de Mariano Rajoy fuera a recurrir el decreto, pero la reciente advertencia de la Comisión Europea, que alertó de que podría poner en riesgo la solvencia del sistema financiero, ha dado alas al Ejecutivo para llevar el decreto ante el Constitucional. El curso paralizará de inmediato la norma antidesalojos.
Lo anunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Explicó que el Ejecutivo solicitará el informe urgente al Consejo de Estado para armar el recurso que frenará la norma autonómica. En concreto, se recurrirá la disposición adicional segunda del decreto la que regula las polémicas expropiaciones y algunos artículos de la Ley del Derecho a la Vivienda, de 2010. El Gobierno entiende que la norma andaluza vulnera el contenido esencial del derecho a la propiedad de la vivienda, que es una norma reservada a las Cortes Generales, establece una responsabilidad sancionadora al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución y establece una regulación contraria al principio igualdad.
Cabe recordar que otro de los aspectos más controvertidos de la norma son las sanciones de hasta 9.000 euros por cada casa vacía en manos de grandes propietarios (no individuales), es decir, bancos o empresas. El Gobierno concluye que es necesario que exista una norma de carácter general y estatal para garantizar la igualdad. La vicepresidenta matizó que, además de los razonamientos que ha manifestado la Unión Europea y su preocupación por la norma, el Gobierno ha analizado su encaje en la Constitución.
El PP había exigido al Gobierno de José Antonio Griñán la retirada del decreto antidesahucios después de que el Ministerio de Economía recibiese una carta de la Comisión Europea (CE) advirtiendo de que dicha medida podría poner en riesgo la solvencia del sistema financiero. La respuesta de la Junta, el pasado martes, se transformó en un desafío: aseguró que seguiría su ruta ya se han hecho efectivas cinco expropiaciones y retó al Ejecutivo a presentar el recurso. Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda explicaron a este periódico que la advertencia de la CE no tendría ningún recorrido en Europa, sobre todo porque la legislación de la mayoría de países del entorno es más agresiva aún que el decreto andaluz. La norma de la Junta, además, ha servido de modelo para otras comunidades. Navarra acaba de aprobar una ley inspirada en ella.
reacciones // La Junta montó en cólera tras el anuncio del recurso. El vicepresidente, Diego Valderas, culpó directamente al presidente Rajoy y al líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, de ser los responsables de todos los desahucios que se produzcan en Andalucía tras la paralización del decreto andaluz. Valderas insistió en declaraciones a Europa Press que la norma es justa, constitucional y estatutaria y dijo sentir vergüenza de un Gobierno que se escuda en Europa para acudir a los tribunales. La consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), también defendió la constitucionalidad del decreto y arremetió contra el Ejecutivo central por haber fabricado excusas falsas y montado una grotesca operación para cargarse de supuestas razones en base a las apreciaciones de la Comisión Europea. Tildó el recurso de ataque frontal a la autonomía con el único objetivo de defender los intereses de las entidades financieras. La consejera de Presidencia, Susana Díaz, lamentó que el Ejecutivo da la espalda a los ciudadanos que peor lo pasan y se ponga del lado de la banca y los mercados.
IU hizo un llamamiento a la movilización. El coordinador regional, Antonio Maíllo, y el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, consideraron necesaria la rebelión de los afectados por las hipotecas, los agentes sociales y económicos, las corralas, y de toda la gente que no está dispuesta a asumir resignadamente este ataque. La postura más peliaguda es la del PP andaluz, ya que en un primer momento su secretario general, José Luis Sanz, garantizó que no iba a haber recurso. La portavoz de vivienda, Alicia Martínez, aseguró ayer que el Gobierno ha hecho lo que procede después de que PSOE e IU tumbaran las 82 enmiendas del PP para intentar dar la vuelta al decreto e instó a la Junta a aplicar la norma de Rajoy sobre los desahucios
