Protesta contra los desahucios.
Era la crónica de una muerte anunciada. El Gobierno de Mariano Rajoy anunció ayer el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Función Social de la Vivienda, conocida como la ley andaluza antidesahucios. Este nuevo recurso, que reproduce exactamente el que ya interpuso el Ejecutivo en junio pasado contra el decreto, frena definitivamente la potestad de la Junta de multar las casas vacías y de expropiar a la banca viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Hasta ahora, el Gobierno andaluz de PSOE e IU ha llevado a cabo 35 expropiaciones dos se han culminado ya, una en Huelva y otra en Torremolinos (Málaga) y más de cien están en trámite. Todas ellas quedarán ahora paralizadas y los desahucios dependerán de la decisión de cada juez, aunque desde la Consejería de Fomento y Vivienda (IU) resaltan el efecto disuasorio que está teniendo la norma contra los desalojos.
El nuevo recurso del Gobierno contra la ley de 1 de octubre de 2013 quedó camuflado en la referencia del Consejo de Ministros. Esta vez la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no lo mencionó en la rueda de prensa posterior. La consejería que dirige Elena Cortés ya contaba con que el Ejecutivo lo anunciaría ayer o, a más tardar, el próximo viernes. Era lógico. La ley, aprobada en el Parlamento autonómico con los votos de PSOE e IU, copiaba al pie de la letra el polémico decreto de 9 de abril que el Gobierno del PP llevó al Constitucional e, incluso, ampliaba la protección sobre las personas en riesgo de ser desahuciadas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer solicitar al presidente del Gobierno que interponga el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley andaluza. Son los mismos puntos que ya frenó en el recurso al decreto, los que han levantado más polémica. El Ejecutivo considera inconstitucional las expropiaciones porque, a su juicio, la Junta establece una discriminación arbitraria entre los propietarios que pueden acogerse a esta medida excepcional, vulnerando con ello el principio de igualdad y no discriminación que recoge la Constitución. La norma hace posible que la administración expropie a los bancos el uso de la vivienda de una familia en riesgo de exclusión social durante tres años. Los beneficiarios pagan a la Junta un alquiler social muy bajo.
También se recurre la potestad de sancionar con hasta 9.000 euros cada casa vacía en manos de grandes propietarios (no individuales), es decir, bancos o empresas. La intención de la Junta es que bajen los precios de los alquileres, pero el Gobierno entiende que no puede fijarse una responsabilidad penal o administrativa sancionadora por no arrendar un piso. Asimismo, mantiene que es inconstitucional la definición de vivienda deshabitada (seis meses sin inquilino) porque es contrario al artículo 25 de la Carta Magna.
avisos de europa // La ley antidesahucios es una de las normas estrella del Gobierno de coalición y ha contado con un enorme respaldo social. Desde que vio la luz el polémico decreto, el Gobierno central dejó claro que no tiene cabida en el ordenamiento jurídico, algo que la Junta niega rotundamente. El Ejecutivo exigió entonces al Gobierno de José Antonio Griñán la retirada del decreto después de que el Ministerio de Economía recibiese una carta de la Comisión Europea (CE) advirtiendo de que dicha medida podría poner en riesgo la solvencia del sistema financiero. La Junta desoyó el ultimátum y el Gobierno consumó su amenaza. IU hizo un llamamiento a la movilización y se espera que ahora proponga algo parecido. Hoy se reúne el Consejo Andaluz de Izquierda Unida y comparece la consejera de Fomento, Elena Cortés. El PP-A se abstuvo en la votación del decreto en el Parlamento y posteriormente se opuso a la ley.
