El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Desde que Mariano Rajoy llegó a La Moncloa, su Gobierno ha emprendido una auténtica cruzada para rebajar el déficit público, una batalla que se ha traducido en una soga en el cuello de las comunidades. Si la Ley de Estabilidad inauguraba multas a las autonomías que no cumplan el límite de déficit e, incluso, permite al Gobierno intervenir a las regiones, el Ejecutivo del PP ha aprovechado la Ley de Transparencia para reforzar el control sobre las comunidades. La norma, que acaba de aprobar el Congreso sin consenso, incorpora nuevas sanciones a los malos gestores. Se multará a los políticos que oculten facturas, incumplan el tope del déficit (Andalucía no puede superar este año el 1,58% del PIB regional) o a quienes comprometan gastos sin crédito suficiente. Las sanciones, la mayoría muy graves, van desde el cese de un cargo político, la pérdida de la indemnización y la inhabilitación entre cinco y diez años.
En realidad la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que ha soportado más de un año y medio de tenso debate, tiene como objetivo regular por primera vez en España el acceso de los ciudadanos a la información sobre sus gobiernos e instituciones. La norma obliga a los políticos a informar de en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar, por ejemplo, los sueldos de los cargos públicos, los contratos o subvenciones. Sin embargo, el Título II del texto, publicado ya en el Boletín del Congreso, sirve para reforzar el control sobre los gestores, básicamente las comunidades, y siempre con la lupa puesta en el cumplimiento del déficit.
Bajo el epígrafe de Buen Gobierno se introducen sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos o no justifiquen la inversión de los fondos. También serán apercibidos los cargos públicos que incumplan la obligación de destinar el superávit presupuestario a reducir el nivel de endeudamiento, los que no presenten a tiempo el plan de reequilibrio financiero (ajustes para cumplir con el déficit), quienes incumplan estos planes o los que no justifiquen una desviación presupuestaria.
Las infracciones, más de 40, contemplan la destitución de un cargo público, la pérdida de la indemnización, la inhabilitación entre cinco y diez años, la obligación de restituir las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. La Junta de Andalucía recela de esta ley (rechazada por PSOE e IU en el Congreso) y critica que el Gobierno del PP haya aprovechado una norma sobre transparencia para apretar las tuercas a los números de las comunidades. En el caso de las sanciones, desde la Consejería de Hacienda tampoco tienen claro sobre quién recaerían; si, por ejemplo, por incumplir un plan de ajuste se podría multar o inhabilitar al titular del departamento o a qué cargo. La parte de la norma correspondiente al Código de Buen Gobierno entrará en vigor en el momento de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Reunión del cpff // La Junta podrá trasladar sus dudas o rechazo al Ministerio de Hacienda el próximo día 18, cuando está previsto la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano donde se sientan Gobierno y comunidades. En el orden del día hay varios asuntos de calado: la constitución del grupo de trabajo para estudiar la reforma del sistema de financiación, prometida para la segunda mitad del año próximo, y el análisis del cumplimiento del déficit.
Hace dos semanas, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro tensó la cuerda al exigir a Andalucía un recorte adicional antes de final de año. Hacienda informó en el Senado que la Junta tendrá que aplicar un ajuste extra al Presupuesto en vigor antes de que expire el 2013. El límite que debe cumplir este año Andalucía está en el 1,58% del PIB regional. Según los datos aportados por el Gobierno central, Andalucía estaba en el 1% (1.379 millones de euros) en septiembre. La Consejería de Hacienda prevé cerrar 2013 en torno al límite del 1,58%. Andalucía, junto a Cataluña, es la que menos se ha desviado, por detrás de Valencia y Murcia. Pese al requerimiento formal del Gobierno, la Junta, que se mostró sorprendida por el anuncio, ha descartado llevar a cabo nuevos recortes al Presupuesto.
La aprobación de las cuentas autonómicas, tanto las de 2013 como las de 2014, han supuesto un duro trance para la coalición de gobierno de PSOE e IU. La federación de izquierdas defiende la insumisión por el déficit, algo que no comparten los socialistas. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, fue clara en la entrevista que este periódico publicó ayer: No cumplir el objetivo de déficit sería hacer crack. A su juicio, ese es el gran chantaje del Gobierno a las autonomías.
