Las informaciones sobre la supuesta trama de espionaje en Madrid son cada vez más propias del guión de una película. El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, sopesó en junio de 2008 crear un servicio secreto legal -al estilo del CNI-, al servicio de la Comunidad de Madrid.
La edición digital de El País informó el jueves de que, más allá del deseo de poseer un servicio de información o inteligencia como pudieran tener Euskadi y Cataluña para combatir amenazas terroristas o delictivas, se trataba de calmar el temor de que altos cargos de la comunidad estaban siendo espiados. El propio Ignacio González se sentía víctima especial de ataques a su intimidad y a su imagen con el objetivo, supuestamente, de desprestigiar al Gobierno regional.
El periódico explica además que un ex alto cargo del Gobierno de Aznar, amigo del vicepresidente madrileño, y un ex agente del CNI asesoraron a González sobre este servicio secreto. El Proyecto SEDE (Sociedad de Estudios y Desarrollos Estratégicos) respondía, según el borrador que tiene Ignacio González en su poder, a "una necesidad específica de Seguridad e Inteligencia emergente en el Estados de las Autonomías".
Entre las virtudes de SEDE se destacaba, según El País, que podría utilizar "de forma eventual medios o recursos externos debidamente filtrados y controlados". De hecho, en el organigrama de SEDE contemplaba un departamento de relaciones externas dedicado a la "adquisición de información".
Pero la cosa se complica aún más. Según informó ayer jueves la Cadena SER, la Dirección General de Seguridad del Gobierno de Aguirre advirtió ya el año pasado que los agentes de este departamento, bajo las ordenes de Francisco Granados, estaban realizando labores de vigilancia fuera del marco legal existente. Los responsables se referían a las visitas que estos funcionarios realizaban a los lugares que iban a ser visitados por personalidades de la comunidad para valorar, informar o responder ante posibles amenazas a la seguridad.
La mano en el fuego. Esperanza Aguirre, por su parte, rompió el jueves su silencio para asegurar que pone "la mano en el fuego" por todos sus consejeros y consideró que es "la principal perjudicada" por la supuesta trama de espionaje a políticos de la región y, por ello, la primera que quiere que se esclarezca. "Aquí -añadió- no hay montada ninguna estructura de espionaje ni nada que se le parezca y quién diga lo contrario tendrá que probarlo y, si no lo acredita, tendrá que rectificar". Aguirre insistió en que "el que tenga pruebas que las ponga sobre la mesa, que ponga en conocimiento de los jueces y de la Fiscalía toda la documentación que pueda sostener o acreditar" que existe un servicio de espionaje.
La presidenta hizo extensiva esta advertencia a Alberto Ruiz-Gallardón, quien dijo que la unidad de espionaje sí está dentro del Ejecutivo autonómico, aunque rechazó establecer responsabilidades políticas en este momento. Según él, que coincide con lo dicho por Prada, "se sabe que se ha realizado esta investigación porque no se ha hecho tacha de falsedad de los documentos".
En el mismo sentido habló el jueves el consejero Francisco Granados, acusado de estar al frente de la supuesta trama, quien emplazó "a todas las personas, instituciones y medios de comunicación a que pongan inmediatamente en conocimiento de la Justicia todas las pruebas y documentos que acrediten lo que nosotros calificamos como la gran mentira de una trama de espionaje". Explicó que la "función única y exclusiva" del departamento de Seguridad de Madrid es "la seguridad en edificios e instituciones y de personalidades" del Ejecutivo regional y negó que se haya planteado dimitir.
