El Gobierno decidió ayer regularizar "por razones extraordinarias" al inmigrante boliviano sin papeles que perdió el brazo en la panificadora donde trabajaba y que fue abandonado por uno de sus jefes junto a un centro hospitalario. Los propietarios de la empresa, dos hermanos, ya han sido imputados.
Además, el Gobierno ha remitido a la Fiscalía un informe de Inspección de Trabajo que denuncia "graves deficiencias de seguridad e higiene" en la panificadora de Valencia que empleaba de forma irregular a Franns Rilles Melga. Así lo anunció ayer la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que aseguró que, nada más tener conocimiento de los hechos, el Ejecutivo puso en marcha "todos los medios" para averiguar lo sucedido y "exigir el cumplimiento estricto de la ley".
Fernández de la Vega explicó que la Inspección de Trabajo acudió "de forma inmediata" a la empresa panificadora de Real de Gandía en la que trabajaba el inmigrante boliviano, y emitió un informe en el que se "aprecian graves deficiencias de seguridad e higiene". Además, el informe constató que el trabajador no estaba dado de alta en la Seguridad Social y se ordenó la clausura de la actividad de la empresa.
La vicepresidenta recordó también que el informe fue remitido a la Fiscalía, que ha abierto diligencias para averiguar si se han podido cometer delitos "contra la seguridad en el trabajo, de contratación ilegal de trabajadores, y de lesiones graves por imprudencia". De hecho, según el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, otras tres personas trabajaban ilegalmente junto al joven boliviano.
Por su parte, los dos hermanos responsables de la panificadora de Real Gandía donde trabajaba Franns Rilles declararán en calidad de imputados ante el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Gandía, que ha abierto diligencias previas para investigar las circunstancias del suceso, informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que apuntaron que, de momento, no se ha fijado fecha para el interrogatorio. Los empresarios aseguraron que los empleados interrumpían cuenta propia los sistemas de seguridad de la maquinaria de la panificadora para trabajar con mayor celeridad. El juzgado ha incoado diligencias previas para investigar los hechos.
En este sentido, UGT-PV anunció ayer que se personará en calidad de acusación popular en la causa abierta por el juzgado número 6 de Gandía. UGT, tras ponerse en contacto con Franns Rilles y sus familiares, ha puesto a su disposición todos sus medios para la defensa de sus intereses, indicaron las mismas fuentes.
El sindicato acordó personarse en la causa con el objetivo de que este tipo de conductas empresariales "no queden impunes", en la medida que "ponen de manifiesto la indefensión y precariedad que un trabajador en situación irregular tiene que soportar, no sólo en sus condiciones laborales, sino también personales". Considera, en este caso, que las "inexistentes" medidas de seguridad "generaban unas inhumanas condiciones de trabajo". CCOO exigió que los propietarios sean condenados a más de una multa y que la justicia actúe.
