Local

El Gobierno reprocha a la jueza términos "engañosos" en su auto

En un recurso pide aclaraciones sobre el último escrito que reclama papeles con la firma de Griñán.

el 13 dic 2011 / 20:23 h.

TAGS:

El Gobierno andaluz ha remitido un recurso "de aclaración" a la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso de la supuesta trama fraudulenta con ayudas públicas a Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), en la que le pide información de su último auto. La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aseguró ayer que determinadas partes del escrito, que atiende diligencias del PP y reclama documentos presupuestarios con la firma del actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, como consejero de Economía, usa términos "engañosos o cuanto menos confusos".


"Necesitamos que se aclare algún concepto en cuanto a la información solicitada", añadió Moreno. Los últimos autos emitidos por la jueza insisten en tratar de vincular el nombre del dirigente socialista a la investigación de la supuesta trama fraudulenta, reclamando documentos donde aparece su firma en su etapa como consejero de Economía y atendiendo a varios requerimientos y diligencias del Partido Popular, que está personado en la causa como acusación.


La Junta de Andalucía recurrió el penúltimo auto de la magistrada por considerar que Alaya incurrió en un "error de bulto" por reclamar unos documentos con la firma de Griñán que, según el Gobierno, no existen. Pocos días antes de la jornada electoral del 20-N, la jueza reclamó una documentación con la firma del exconsejero de Economía autorizando unas subvenciones que al parecer no existen. Lo que firmó Griñán fue la autorización para que la empresa pública IDEA, encargada de repartir las ayudas bajo sospecha, acudiera a un mayor endeudamiento. La Junta lo recurrió aunque ayer aseguró que aún no tiene noticias.


Semanas después se difundió otro auto en el que la magistrada daba diez días de plazo al Gobierno para que enviara una documentación consistente en ampliaciones presupuestarias firmadas por Griñán. Esas ampliaciones presupuestarias, según aclaró el Gobierno, contaban con el visto bueno de la Intervención General de Hacienda -el órgano supervisor- y fueron aprobadas por el Parlamento.


En el recurso del Gobierno, los servicios jurídicos solicitan que "se suspenda la efectividad del plazo otorgado para el envío de la documentación requerida por auto de 2 de diciembre de 2011, ante el riesgo de cierto error en el envío, dado que se desconoce exactamente que se está pidiendo por el Juzgado, ante al confusión de conceptos contables y presupuestarios". La jueza daba diez días. Además insiste el recurso en que "las modificaciones presupuestarias nunca tienen como fin dotar de tesorería a ningún organismo, dado que ésta es la última fase de la ejecución de todo presupuesto". Es decir en ningún caso la firma de Griñán daba crédito directo a IDEA, pagadora de las subvenciones, ni estaba vinculada -insisten- a las ayudas bajo sospecha.

  • 1