Las medidas de ajuste que el Gobierno ha aprobado para hacer frente al elevado déficit que padece España no sólo afectarán al sueldo de los funcionarios y a las pensiones. El Real Decreto Ley establece una serie de iniciativas para garantizar la contribución de las entidades locales a la reducción del déficit público, entre ellas la prohibición de endeudarse a largo plazo desde hoy, fecha de la entrada en vigor de la norma, hasta el 31 de diciembre de 2011.
En concreto, el decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) , establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones, en concreto, hasta enero de 2012.
Asimismo, la norma dicta que tampoco podrán sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquéllas que en valores actuales netos resulten beneficiosas para la entidad local en cuestión en el sentido de que ayudarían a reducir la carga financiada, el plazo de amortización o ambas cosas.
El decreto, que ahora deberá ser convalidado por el Parlamento, también contempla que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
La norma establece además los destinos preferentes que deberán tener los ahorros de las entidades locales derivados de la reducción de gastos de personal en 2010 y 2011. Hay que tener en cuenta que la reducción media en un 5% de los salarios de los empleados públicos (reducción que afectará tanto al salario base como a los complementos) será de obligada aplicación a todas las administraciones, lo que, según el Gobierno, "supondrá un importante ahorro" para las comunidades autónomas y corporaciones locales debido al importante peso del empleo público en las mismas.
Así, como primera referencia, el Gobierno señala que los ayuntamientos deberán dedicar estos ahorros a sanear sus remanentes negativos y, en segundo término, a reducir su nivel de endeudamiento a largo plazo. En tercer lugar, podrán destinar este dinero a financiar inversiones.
Cuando no sean posibles los dos primeros objetivos, los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades antes señaladas en el mismo orden de preferencia (saneamiento, reducción de deuda e inversiones).
Asimismo, y dentro de las medidas económico-financieras de aplicación a las entidades locales, la norma introduce modificaciones en el régimen de provisión de funcionarios con habilitación de carácter estatal para mejorar el control de la gestión económico-financiera de dichas entidades y garantizar la independencia funcional de los empleados públicos.
El PP no tardó en mostrar su desacuerdo ante la medida. El coordinador de Política Autonómica y Local del PP, Juan Manuel Moreno, expresó el rechazo de su formación y anunció que el Partido Popular ha encargado un informe jurídico para ver la viabilidad de esta medida.
En declaraciones a Europa Press, Moreno afirmó que el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha generado "una enorme alarma" en el conjunto de las corporaciones locales, ya que, con esta prohibición "se pone en riesgo los servicios sociales" que prestan a millones de ciudadanos. "La falta de diálogo, previsión y planificación del Gobierno lleva a la bancarrota al conjunto de los ayuntamientos", recalcó.
Por su parte, el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, aseveró que esta medida no debería aplicarse a todas las entidades locales por igual, sino que habría de contemplar si tienen déficit o no. A su juicio, habría que aplicar la ley de Haciendas Locales que exige una autorización del Ministerio de Economía y Hacienda para los ayuntamientos con déficit que quieran contratar un préstamo a largo plazo para financiar inversiones.
