El Gobierno colombiano separó del servicio a tres generales y a otros 24 oficiales y suboficiales de unas unidades militares implicadas en una serie de desapariciones de civiles que fueron asesinados y declarados "muertos en combate".
La purga es la más grande en la historia reciente de las Fuerzas Armadas de este país, en el que en la década pasada, durante el Gobierno del ahora ex presidente liberal Ernesto Samper (1994-1998), fueron destituidos decenas de efectivos con nexos con paramilitares. "No podemos permitir que se confunda la eficacia en la lucha contra los delincuentes con la cobardía para enfrentar a los delincuentes, y la distorsión de eficacia asesinando víctimas inocentes", afirmó el gobernante Álvaro Uribe en la sede del Ejecutivo en Bogotá.
Uribe compareció ante la prensa junto al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, para anunciar "unas drásticas decisiones" administrativas sobre los implicados.
Las medidas se basaron en conclusiones de una investigación sobre la desaparición, a comienzos de este año, de una veintena de jóvenes de Soacha, localidad al sur de la capital colombiana, y el posterior hallazgo de sus restos mortales. Todos quedaron registradas como "muertos en combate" en los cementerios del nordeste del país en las que fueron sepultados, como lo establecieron las investigaciones judiciales previas.
El caso lo asumió un comité conformado el pasado 3 de octubre por el general Padilla, que el pasado domingo recibió sus resultados.
