El Gobierno volvió ayer a defender su reforma de las pensiones, contra la que los sindicatos CCOO y UGT van a comenzar, de manera inmediata, una campaña informativa para rechazar que la edad legal de jubilación se incremente en dos años, hasta los 67, con lo que evidencian su descontento y el deterioro de las relaciones con el Ejecutivo.
El ministro de Fomento, José Blanco, incidió que, si fuera sindicalista y representara los intereses de los trabajadores españoles, "sería el que más estaría aplaudiendo esta medida" de ampliar la vida laboral más allá de los 65 años. Blanco, asimismo, se mostró dispuesto a hablar de las pensiones de los altos cargos de la administración y los parlamentarios, y recalcó que la reforma del sistema público de pensiones planteada por el Ejecutivo central pretende "garantizar" así mayor "equidad".
Preguntado por si se revisará el sistema "privilegiado" de pensiones de los ministros, secretarios de Estado y parlamentarios, respondió que él está dispuesto a que se hable "de todo". Respecto al hecho de que los parlamentarios consoliden la máxima pensión en siete años, en lugar de en 20 como el resto de trabajadores, insistió en que está dispuesto "a corregir esta situación".
Mientras, los diputados de PSOE, PP, CiU e IU se mostraron a favor del sistema de pensiones de los parlamentarios, gracias al que tienen garantizada la pensión máxima con siete años de actividad parlamentaria, y lo calificaron de transparente.
La medida aprobada por las Cortes estipula que si la jubilación que le correspondería a un diputado por su actividad profesional, que no tiene que ver con su trabajo político, no le llega a la pensión máxima, el Congreso pagaría esta diferencia.
Movilización inicial. A CCOO y UGT no les convencen las explicaciones del Gobierno y anunciaron que, de manera inmediata, iniciarán una campaña informativa contra el retiro a los 67 años. Mientras, el PP, a través de su coordinador de Economía, Cristóbal Montoro, consideró que "el problema fundamental" en España "se llama puestos de trabajo" y hay que resolverlo antes de acometer las pensiones, ya que, a su juicio, supone "recortar derechos adquiridos".
Al respecto, el presidente fundador del PP, el octogenario Manuel Fraga, advirtió de que ahora es el peor momento para proponer un retraso en la edad de jubilación.
Respaldo patronal. La CEOE no opinó lo mismo y su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, valoró la propuesta gubernamental, aunque pidió que se busquen nuevas fuentes de financiación de la Seguridad Social distintas a las cotizaciones que pagan las empresas por sus trabajadores para garantizar el futuro de las pensiones.
Y la patronal europea, por su parte, dio su apoyo a la propuesta del Gobierno español, una decisión que ve "absolutamente correcta" en un momento en el que, argumentó, la Unión Europea (UE) afronta el envejecimiento de buena parte de su población y debe adoptar medidas para garantizar las pensiones.
Menos salarios. España, Portugal y Grecia, que afrontan serias dificultades por la evolución de sus finanzas públicas y no pueden recurrir a la devaluación de su moneda al formar parte de la Zona Euro tendrán que asumir sacrificios, como una baja de salarios para recuperar competitividad, según aconsejó el Fondo Monetario Internacional.
