Economía

El Gobierno se aferra al trabajo temporal para evitar más desempleo

El ministro de Trabajo justifica el Decreto-Ley aprobado asegurando que "preferimos un contrato temporal a un parado".

el 26 ago 2011 / 20:10 h.

José Blanco, portavoz del Gobierno, y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, tras el Consejo de Ministros.

"El Gobierno prefiere un empleo temporal a un parado". Es la reveladora sentencia con la que el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, justificaba la aprobación ayer de un Real Decreto-Ley que supone dar vía libre a la temporalidad, al suspender durante dos años la regla que obliga a hacer fijos a quienes enlacen varios contratos temporales durante dos años en un periodo de treinta meses.

La "prioridad nacional", dijo el portavoz del Ejecutivo, José Blanco, es el empleo y, sobre todo, el de los jóvenes, un colectivo que sufre una tasa de paro del 46,1%, lo que supone que hay 1,6 millones de personas menores de 30 años en situación de desempleo (un tercio del total). Especialmente de aquellos que renunciaron a su formación en los tiempos del boom de la construcción y que ahora no tienen ni cualificación ni empleo.

Se trata de la medida que más críticas ha levantado desde que se conociese el contenido del borrador del decreto , del que no se ha modificado apenas nada, y que más ha disgustado a las organizaciones sindicales.

El titular de Trabajo indicó que permitir a las empresas concatenar más contratos temporales sin compromiso de hacer indefinido al trabajador se ha concebido "para sostener el empleo", ya que ese freno estaba "obstaculizando el mantenimiento" de los puestos de trabajo, aumentando la rotación en los mismos. Algo que ocurre no solo en el ámbito privado, sino también en las administraciones públicas, precisó.

"Preferimos tener empleo temporal antes que perderlo", insistió Gómez, que defendió que no se puede aplicar la misma política laboral en épocas de bonanza económica que en periodos de crisis, pues debe proporcionar más flexibilidad a las empresas y proteger, en paralelo, a los trabajadores.

Junto a esa iniciativa, el Gobierno aprobó también la creación de un nuevo contrato de formación y aprendizaje, que combina la preparación con el trabajo, que Gómez quiso aclarar que "no es un contrato basura", y confió en que los cambios introducidos permitirán elevar el volumen actual de este tipo de contratos, pues suponen unos 100.000 frente al total de 12 millones que se efectúan anualmente.

Aunque en principio la duración de este nuevo contrato iba a ser de dos años, prorrogables a otro, el Gobierno ha decidido establecer una duración mínima de un año y de dos como máximo, prorrogable por otro año más si el proceso formativo lo exige.

Antes tenía una duración máxima de seis meses y contemplaba un 15% de la jornada para formación, frente al 25% establecido en la nueva norma.

La mayor novedad reside en que es un contrato que se podrá realizar a jóvenes de entre 16 y 25 años sin estudios, si bien "transitoriamente" hasta el 31 de diciembre de 2013, se podrá aplicar a jóvenes de entre 25 y 30 años que no tengan cualificación.

Gómez precisó en este sentido que hay 700.000 menores de 25 años que no tienen el título de la ESO y otros 200.000 carecen de cualificación profesional. Ya en la horquilla de 25 a 30 años, Trabajo contabiliza a 300.000 que no tienen ni los estudios obligatorios.

Además recordó que este contrato ofrece la misma protección social de la que goza el resto de trabajadores, como la prestación por desempleo.

Las empresas que efectúen contratos de esta naturaleza a personas desempleadas tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, a una reducción de las cotizaciones empresariales del 100% en el caso de que la empresa tenga una plantilla inferior a 250 personas o del 75% si igualan o superan esa cifra. Para tener derecho a estas bonificaciones, estos contratos deben traducirse en un aumento de personal en el seno de las empresas.

Las empresas que los transformen en indefinidos disfrutarán de una reducción en la cotización a la Seguridad Social de 1.500 euros al año durante tres años. En el caso de las mujeres, la rebaja será de 1.800 euros .

El decreto recoge la prórroga durante seis meses de la ayuda de los 400 euros, amplía hasta 2013 el pago por parte del Fogasa de parte de las indemnizaciones por despido, aunque solo en los procedentes, al tiempo que retrasa al primer semestre de 2013 el desarrollo de un proceso negociador para implantar el fondo de capitalización, más conocido como fondo austriaco.

Asimismo, establece que en un plazo de seis meses habrán de tomarse las medidas para integrar el Servicio Público de Empleo y el Fogasa en un único organismo, al tiempo que extiende hasta finales de 2013 el periodo con bonificaciones para transformar contratos temporales en fijos de fomento del empleo (con 33 días de indemnización).

Preguntado por si el malestar de empresarios y sindicatos ante estas medidas perjudicará el diálogo social, el ministro subrayó que el Ejecutivo sometió a su consideración durante varios meses la posibilidad de reformar los contratos a tiempo parcial (que finalmente no ha cuajado) y cambiar el contrato de formación.

"Son dos medidas que anunciamos exhaustivamente en la mesa de empleo en el pasado inmediato. Hay medidas nuevas, pero siempre hemos informado de ellas a los interlocutores sociales", aseveró.

No obstante, CCOO consideró que las medidas además de "ineficaces, faltas de rigor e improvisadas", suponen un nuevo ataque al diálogo social y una "total falta de respecto" a los agentes sociales. Para UGT son "muy negativas" porque empeoran las condiciones laborales y no ayudarán a la recuperación del país.

Y el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, reseñó que el decreto muestra la "improvisación" y "descoordinación" del Gobierno y "que no va a ser útil para crear empleo".

¿Y los impuestos para los ricos?

Era lo más esperado del Consejo de Ministros. Una vez conocido el contenido del borrador del Real Decreto-Ley de medidas laborales a mediados de esta semana, se daba por hecho que el Gobierno aprobaría alguna medida en la dirección de aumentar la presión fiscal a las rentas más elevadas.

No era algo gratuito. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, lo insinuó esta misma semana en una entrevista a la Cadena SER, en la que se remitía al Consejo de Ministros del viernes para contestar sobre una eventual subida de impuestos a los más acaudalados.

No fue la única clave. Tras la reunión mantenida por el presidente del Gobierno con los agentes sociales el pasado día 17 en la que les pedía un esfuerzo de extender la moderación salarial dos años más, hasta 2014, los sindicatos señalaron, entre sus condiciones, un reparto de las cargas más equitativo. Desde diversas entidades se apuntó a la recuperación del Impuesto sobre Patrimonio porque no daba tiempo de establecer una nueva figura impositiva.

Y eso sin contar que Francia había despejado el camino al aprobar una tasa extra del 3% para las rentas superiores a 500.000 euros esta misma semana.

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