El pleno del Congreso aprobó ayer una moción por la que se insta al Gobierno a impulsar el desarrollo de la Ley de la Memoria Histórica, especialmente para garantizar la responsabilidad de las instituciones del Estado en las labores de búsqueda y exhumación de fosas de las víctimas del franquismo.
La moción consecuencia de interpelación presentada por IU-ICV -que acordó una enmienda de sustitución con el PSOE- salió adelante con 186 votos a favor (de estos dos grupos, junto con CiU, PNV, ERC y la mayoría del mixto), 145 en contra (del PP y UPN), y 1 abstención (Coalición Canaria). La iniciativa insta al Gobierno a garantizar "la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas", de manera que si no lo garantizan las autonomías sea la Administración central la que lo haga subsidiariamente, y a potenciar la oficina de atención a las víctimas para facilitar los procedimientos. También recuerda que el ordenamiento jurídico español "obliga a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio", aunque declara su respeto a la interpretación que de las normas hacen los jueces.
IU-ICV no logró el acuerdo del PSOE, no obstante, para constituir un día anual de conmemoración de los represaliados, o crear una Fiscalía especial para estos crímenes y un Alto Comisionado para las víctimas.
El diputado de ICV y promotor de la iniciativa, Joan Herrera, destacó durante su defensa que su aprobación es una "buena noticia" para las familias de las víctimas que aún se sienten "solas" buscando a sus desaparecidos, sin respaldo de la administración o la Justicia. También es un paso contra quienes "han querido hacer saltar por los aires el pacto constitucional desnaturalizando la Ley de Amnistía" para evitar que se persigan los crímenes de lesa humanidad y genocidio que se cometieron durante la dictadura.
Herrera se mostró escéptico ante el cumplimiento de la moción por parte del Gobierno, puesto que "no quiere ir tan lejos como la sociedad". "No esperamos gobiernos valientes", agregó, pero sí que cumplan las resoluciones del Congreso y que "no eche agua al vino". Se refería el diputado a la oposición del Ejecutivo de reformar varios artículos de la Ley de Memoria, ya que fuentes del Gobierno han precisado que para garantizar el desarrollo de esta norma no es necesario modificarla, sino impulsar su cumplimiento potenciando la actuación de la Oficina de atención a las víctimas. Por su parte, el diputado socialista Daniel Fernández explicó que con el acuerdo alcanzado y al entender que pese a los avances que ya se han hecho para restituir la memoria de los represaliados aún queda tarea por realizar, que podrá impulsar la oficina para las víctimas.
