El Ministerio de Economía también está estudiando cómo puede ayudar a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas (pymes), que están ahogadas por los impagos de las administraciones autonómicas y locales. El Ejecutivo dice que su margen es escaso.
El Gobierno andaluz ha ofrecido a los partidos de la oposición (PP e IU) pactar un calendario de pagos que fije plazos máximos para que la administración autonómica y los ayuntamientos abonen las facturas a sus proveedores. El pacto político es el camino más eficaz, aseguran desde la Consejería de Economía, para forzar a las administraciones a agilizar sus pagos a las empresas.
En la misma línea se mueve el Ministerio. Su titular, Pedro Solbes, ya ha hecho una reflexión pública sobre cómo se puede ayudar a estas empresas asfixiadas en plena crisis por la morosidad de las administraciones. Su conclusión fue que es difícil obligar a los gobiernos autonómicos o a los ayuntamientos a abonar sus facturas pendientes sin invadir su autonomía. Cada uno tiene su Presupuesto y decide cómo manejarlo, advierten fuentes del Gobierno central. A partir de ahí, el Ministerio está estudiando diversas vías para ayudar a resolver este problema que todos admiten.
Desde el Ejecutivo de la nación informan de que lo que reclaman los alcaldes: abrir líneas de crédito desde el ICO para aliviar la situación de las pymes afectadas por los impagos de las administraciones, es "sólo una posibilidad más" que, insisten, "no está cerrada". Esa es la demanda del presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), el socialista Francisco Toscano. Los alcaldes dicen que están dispuestos a cumplir un calendario de pagos sólo sin reciben una inyección de dinero para mitigar su morosidad. Alegan que sus arcas están en números rojos, por una mala financiación que se une a una caída de sus ingresos de hasta el 50%.
Fuentes del Ministerio de Economía apuntaron que otras posibilidades abiertas pasan por extender una fórmula parecida a la utilizada en el Fondo de Inversión Local, en marcha con 8.000 millones de euros para activar el sector de la construcción. Para garantizar que el dinero que recibirán los ayuntamientos para obras lleguen con agilidad a las empresas, se especifica que un 70% del dinero otorgado se librará en el momento de iniciarse la obra, con la certificación.
El 30% restante se abonará a su finalización. Si el Gobierno comprueba que el ayuntamiento no ha pagado a la empresa no librará este dinero. "A corto plazo, se obliga al ayuntamiento a pagar", señalan desde el Ejecutivo. Pero ¿cómo aplicar esto con la deuda que ya está pendiente? El Gobierno no lo aclara pero insiste en que hay rendijas.
Otra vía abierta para forzar a las comunidades a pagar sus deudas con las empresas pasa por el futuro modelo de financiación autonómica. Los gobiernos autonómicos van a recibir recursos adicionales en el nuevo sistema y la letra pequeña podría condicionar parte de estos recursos a que se agilicen los pagos de lo que deben, dicen desde el Ministerio de Pedro Solbes.
Las organizaciones empresariales del país apuntan que el sector público les debe 32.000 millones de euros. Una cifra inflada según las administraciones. La situación empeora para las pymes, estrellas del tejido productivo andaluz, acorraladas entre el cierre del grifo de la banca y los impagos.
El Gobierno andaluz, que es consciente de la necesidad de aliviar las deudas contraídas desde el sector público con las empresas, defiende que sus facturas están prácticamente al día. La Consejería de Economía aseguró que en 2008 y también en este ejercicio "la Tesorería General de la Junta de Andalucía ha realizado un especial esfuerzo en la atención de sus obligaciones de pago". El Gobierno andaluz defiende que ha conseguido reducir sus plazos y que "actualmente, se viene pagando por antigüedad, con una pendencia media de las obligaciones no superior a 30 días". La Ley de Contratos fija un máximo de 60 días.
