El Gobierno español tiene de fecha límite hasta el 10 de enero para retirar algunas de las condiciones impuestas a Enel y Acciona en la opa sobre Endesa. Bruselas da este plazo tras confirmar que algunas imposiciones son incompatibles con la legislación comunitaria. Mientras, Industria se ratifica en que las medidas son proporcionales y justificadas.
Entre las condiciones tachadas de ilegales figura mantener Endesa como compañía independiente, incluida la marca, y sus centros de decisión en España; limitar la política de distribución de dividendos, así como el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa; obligar a la adquisición de carbón nacional para sus centros de generación, y conservar dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.
La Comisión Europea (CE) recordó que estos requisitos fueron impuestos en julio por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en virtud de los nuevos poderes que tiene desde 2006, y fueron parcialmente modificadas por el Ministerio de Industria en octubre, en respuesta a un recurso de Enel y Acciona.
Sin embargo, el Ejecutivo de la UE incidió en que los requisitos fueron aprobados sin comunicarlos a Bruselas ni recibir, por tanto, su autorización. Si España no los retira, podría abrirle un expediente.
La Comisión ya anunció en septiembre que, según un análisis preliminar, algunas de las condiciones violaban los principios de libre circulación de capital y mercancías, así como el de libertad de establecimiento.
Además, al imponer requisitos a una fusión de dimensión comunitaria, Madrid estaría infringiendo el artículo 21 del reglamento europeo de concentraciones, que establece la competencia exclusiva de Bruselas en la evaluación de estas operaciones.
La Comisión señala que las condiciones controvertidas son comparables a varias de las impuestas a la opa de E.ON -ya retirada- sobre Endesa, que también fueron declaradas ilegales.
Ante la negativa del Gobierno español a retirarlas, el Ejecutivo de la UE le abrió un procedimiento sancionador y acabó llevando el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE, que todavía no ha tomado una decisión.
Para Bruselas, los Estados sólo pueden intervenir en fusiones de dimensión comunitaria si es para proteger intereses distintos a la competencia (como la seguridad pública). En julio pasado, la CE dio vía libre a la compra de Endesa por Enel y Acciona, sin ninguna condición, al considerar que no perjudicará a la competencia en Europa.
Por su parte, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio consideró que las condiciones impuestas a Enel y Acciona para adquirir Endesa son proporcionales y justificadas y se ajustan al derecho comunitario, dijeron fuentes de este departamento.
Industria señaló que estudiará a fondo esta decisión y que tomará las decisiones oportunas. La posición del departamento que dirige Joan Clos es la misma que sostuvo durante el proceso de autorización de la opa sobre Endesa presentada por el grupo energético alemán E.ON.
Además, el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, afirmó que se esperan "con calma" las decisiones del Gobierno español y añadió que, de todas maneras, "no influirán" en las cuentas de la sociedad.