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El Gobierno utilizará las viviendas de la banca para realojar a los desahuciados

El decreto ley elaborado de urgencia fija el umbral de renta para evitar el desalojo en 19.200 euros e incluye colectivos vulnerables.

el 15 nov 2012 / 13:24 h.

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El Gobierno aprobó ayer dos medidas para proteger a deudores hipotecarios y para paliar la situación de los que ya han sido desalojados de sus viviendas. Por un lado, dio luz verde a un Real Decreto por el que se fijan las condiciones para poder evitar el desahucio, con una moratoria de dos años, estableciendo el tope de renta en 19.200 euros anuales y, por otro, se compromete a crear de manera urgente un parque de viviendas en alquiler, con renta baja, para realojar a gente que se haya quedado sin casa. Estos pisos provendrán de las que tienen las entidades financieras.

Según la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, estas medidas de carácter "urgente" se adoptan en una primera fase para "paliar" los problemas de colectivos con especial vulnerabilidad. Después, en una segunda fase, el Gobierno abordará con los grupos parlamentarios el establecimiento de "nuevos umbrales" para la aplicación del Código de Buenas Prácticas que determinen la entrada en procesos de reestructuración de la deuda, de quita o, en su caso, de dación en pago.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó los detalles del Real Decreto Ley con medidas urgentes para proteger a deudores hipotecarios, dejando claro que el objetivo es "evitar que nadie se tenga que ir de su casa", no sin antes precisar que la tasa de mora de hipotecas individuales en España está ligeramente por encima del 3%, ya que la mayoría de los deudores paga "puntualmente" sus hipotecas. De Guindos señaló que para definir el alcance del Decreto Ley hay que tener en cuenta dos cuestiones: por un lado, los colectivos protegidos y, por otro, las limitaciones para que se aplique esta medida.

Así, señaló que se paralizará durante dos años el desahucio, permitiendo que el deudor permanezca en la vivienda sin coste alguno, para una serie de colectivos especialmente vulnerables. Se trata de familias numerosas, la unidad monoparental con dos hijos a cargo, una familia con un menor de tres años y familias con uno de sus miembros discapacitado superior al 33%.

Tampoco se ejecutará el lanzamiento a personas afectadas por dependencia o incapacidad permanente para trabajar, familias con deuda hipotecaria en paro y agotadas las prestaciones por desempleo, y aquellas en las que convivan una o más personas unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge con vínculo de parentesco hasta tercer grado de consanguinidad y que se encuentren en situación de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que le incapacite para realizar una actividad laboral, así como unidades familiares en las que exista una víctima de violencia de género.

Además, tienen que concurrir las siguientes limitaciones económicas: que el conjunto de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que en 2012 se sitúa en 532 euros al mes, es decir, 1.597 euros mensuales, cerca de 19.200 euros anuales. También se incluirá a las personas o familias que hayan visto una "alteración significativa de circunstancias económicas", es decir, que el pago de la hipoteca sobre la renta familiar se haya multiplicado por 1,5 veces en los últimos cuatro años -esto es, que si suponía un 40%, haya pasado a ser un 60%-; que la cuota hipotecaria supere el 50% de los ingresos netos; que se trate de crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda del deudor y concedido para la compra de la misma.

A estas medidas se añade el mandato que el decreto ley da al Gobierno para crear un parque de viviendas de alquiler, a un precio social, para las personas que se hayan quedado sin vivienda tras una ejecución hipotecaria.

Según De Guindos, el mandato que se da al Ejecutivo es para que empiece una negociación con las entidades financieras, de las que dijo que "tienen un número importante de activos adjudicados, incluidas las del FROB". "Ahí estableceremos este fondo para paliar las circunstancias de más urgente necesidad", apostilló al tiempo que recordaba que en este país hay 700.000 viviendas vacías según las estadísticas.

Al ser preguntado por la preocupación del sistema financiero de cómo le puede afectar esta medida, respondió que el Real Decreto "no afecta al procedimiento de ejecución hipotecaria".

Por último, De Guindos no aclaró si el Gobierno va a modificar la Ley Hipotecaria, que es una de las demandas del PSOE en la negociación.

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