La encarcelación de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro (ANV), evidenció de nuevo las diferencias entre los Gobiernos vasco y central. El Ejecutivo vasco consideró, a través de un comunicado, que la decisión judicial, dictada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, "no nos acerca a la paz ni a la normalización política", a la vez que añadió que "forma parte de la espiral de la que tenemos que salir".
Es más, llegó a acusar al Gobierno central de utilizar a la Justicia para sus fines. "Las estrategias de utilización y uso de la Justicia a impulsos políticos tampoco aportan un camino de esperanza", explicó. Por ello, aseguró que no comprende la encarcelación de dirigentes de Batasuna y de electos de ANV, como el de la alcaldesa de Arrasate (Guipúzcoa), "por más que su comportamiento ante los crímenes de ETA sea rechazable y merezca la condena moral de la sociedad".
Respeto. Pese a que en el mismo comunicado se pidió la desaparición de ETA, la reacción del Gobierno vasco no sentó nada bien al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió "respeto" para el auto de la Audiencia Nacional, a la vez que advirtió "a los que ponen las bombas" de que "más pronto que tarde" acabarán en la cárcel.
Rubalcaba precisó que el Gobierno tiene "la obligación de respetar y acatar los autos judiciales", por lo que pidió "a todos" que hagan lo mismo porque es "una labor muy importante" para la lucha contra el terrorismo.
En la misma línea se posicionó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Su portavoz, Enrique López, reclamó al Gobierno vasco que respete las decisiones judiciales, a la vez que insistió en que el encarcelamiento de una presunta colaboradora de ETA siempre es "buena noticia".
Por otra parte, las diferencias entre los artefactos que ETA colocó el miércoles en San Sebastián y el que estalló en un polígono industrial de Arrigorriaga (Vizcaya) hacen pensar a los investigadores que la banda tiene, al menos, dos talleres de confección de explosivos en el País Vasco.
Y mientras tanto, la violencia callejera no deja de actuar en las calles vascas. Un grupo de encapuchados atacaron ayer con cócteles molotov cinco entidades bancarias ubicadas en el Abadiño (Vizcaya) y causaron importantes desperfectos en los cajeros.
