El Gobierno vasco recusará a dos de los tres magistrados que juzgarán al lehendakari, Juan José Ibarretxe, por haber mantenido reuniones con la cúpula de Batasuna en abril del pasado año. Así, se recusará al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Fernando Ruiz Piñeiro, y al magistrado Antonio García, miembros de la Sala Civil y Penal del tribunal, ante su "falta de impar- cialidad" y por "estar contaminados judicialmente" al resolver cuestiones sobre la causa contra el presidente del Ejecutivo vasco.
La portavoz del Gobierno autonómico, Miren Azkarate, también se refirió a la decisión de la fiscal-jefe del TSJPV, María Ángeles Montes, de pedir la absolución del lehendakari y los dirigentes del PSE Patxi López y Rodolfo Ares, lo que consideró "la prueba palpable de la sinrazón jurídica de todo el procedimiento".
Las recusaciones, previsibles después de que el abogado de Ibarretxe haya denunciado en varias ocasiones que Ruiz Piñeiro y García "han prejuzgado" durante la instrucción el fondo del asunto "cuestionando la política del lehendakari", se presentarán ante "la absoluta falta de imparcialidad" de ambos magistrados y por tener "un interés directo sobre el fondo de la causa" seguida contra el líder del Ejecutivo vasco.
"Tanto Piñeiro como García han hecho ostentación pública de su posición contraria a cualquier clase de diálogo político para resolver los conflictos, resaltando, además, que lo hacían en su condición de miembros del tribunal que enjuiciará al lehendakari", denunció la portavoz del tripartito.
Además, destacó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "reitera el derecho de las personas a disponer de un juez o un tribunal imparcial", una condición que Ruiz Piñeiro y García "no cumplen", pese a que se trata de un derecho "fundamental del Estado de Derecho".
Por su parte, el Foro Ermua -que ejerce la acusación popular- anunció el pasado domingo la recusación de la magistrada Nekane Bolado porque "ha prejuzgado" sobre el fondo del asunto en varios votos particulares emitidos durante el proceso.
Los socialistas vascos optaron por desmarcarse de las recusaciones del tripartito, que calificaron de "montaje". Esta reacción tuvo su continuación con las declaraciones de la parlamentaria socialista Isabel Celaá, que dijo estar "en contra" de medidas como la presen- tada por EB, que pretende que las Juntas Generales respalden con el mayor consenso posible una proposición que reivindica la no instrumentalización política de la justicia, entre otras cuestiones.
Celaá opinó que esta medidas forman parte de la "estrategia" del tripartito formado por PNV, EA y EB, a la vez que reiteró que está "en contra" de lo que significan estos "montajes" y de la actitud del Ejecutivo de Ibarretxe con respeto a la justicia.
