El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el Gobierno vasco decidieron ayer prohibir los cuatro actos convocados por la izquierda abertzale en San Sebastián y Bilbao. Además, el juez Eloy Velasco imputó por enaltecimiento al terrorismo a los dueños de dos bares por exhibir fotos de presos etarras y prohibió otros dos actos de ETA en Gernika-Lumo (Vizcaya).
Garzón ha prohibido y declarado ilegales los tres actos de apoyo a presos de ETA convocados hoy y mañana en San Sebastián con motivo de la Aste Nagusia (Semana Grande) por considerar que con ellos se trata de enaltecer a la banda terrorista y a sus miembros. El magistrado adoptó esta decisión a petición del fiscal Miguel Ángel Carballo en un auto en el que sostiene que estos actos "enmascaran" y "emulan" a otros convocados por el Movimiento pro Amnistía, "sucedáneo de la ilegalizada Askatasuna", y que el juez ya prohibió el pasado sábado 8 de agosto cuando impidió la celebración de una manifestación de la izquierda abertzale en San Sebastián, que se saldó con dos detenidos.
A pesar de la prohibición de los actos, la agrupación de familiares de presos de ETA Etxerat hizo ayer oídos sordos a la decisión del juez y anunció que mantiene su convocatoria para hoy en San Sebastián en defensa de los derechos de los reclusos de la organización terrorista.
Por su parte, el departamento de Interior del Gobierno vasco hizo lo mismo con la manifestación convocada por la izquierda abertzale en Bilbao para el próximo 21 de agosto, el Día Grande de las fiestas de la capital vizcaína. En un comunicado, la Consejería de Interior señaló que con esa manifestación se pretendía aprovechar la fiesta local de Bilbao para "defender o reivindicar postulados de organizaciones ilegalizadas". Consideró que "la manifestación del Día Grande de la Aste Nagusia ha sido aprovechada en años anteriores por las organizaciones ilegalizadas del entorno de ETA para defender sus postulados".
El departamento que dirige Rodolfo Ares decidió prohibir la manifestación por "los claros vínculos con organizaciones ilegalizadas de las personas que se encargaron de darla a conocer a los medios de información, el contenido de sus declaraciones y la identidad de la persona que realizó el trámite de comunicar a la Ertzaintza" la convocatoria de la marcha. Interior afirmó que esta medida se adoptó "al objeto de hacer cumplir la Ley y para evitar posibles altercados de orden público".
Mientras, el juez Eloy Velasco ha citado a declarar el próximo martes como imputados, por un delito de enaltecimiento del terrorismo y otro de desobediencia grave, a los dos propietarios y a las dos encargadas de dos bares de Pamplona por negarse a retirar las fotos de miembros de ETA exhibidas en sus locales. El magistrado de la Audiencia Nacional adopta esta decisión a petición del fiscal Miguel Ángel Carballo, que el miércoles le reclamó que "previa audiencia" de los imputados y "de cualquier otro responsable o titular del establecimiento" se proceda "con carácter inmediato, de manera cautelar, a la clausura temporal" de ambos locales.
