Pocos se habrán sorprendido de la revisión a la baja de las previsiones económicas del país que esbozó este pasado viernes la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado. La evolución de la crisis ha destrozado las expectativas de recuperación y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha tenido que acompasar sus cálculos a la realidad que ya dibujaban organismos como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la gran mayoría de los análisis expuestos desde organismos públicos y privados españoles. La revisión se ha efectuado en el primer Consejo de Ministros posterior a la convocatoria electoral de las europeas y dibuja un escenario en el que no se creará empleo de forma sostenida hasta como mínimo el año 2011. Apenas se atisban, por tanto, esos brotes verdes que tanto se han proclamado desde el Palacio de la Moncloa en los últimos meses. Pero al menos sí que se puede extraer una consecuencia positiva. El Gobierno no se anda ya con contemplaciones y asume que el paro puede llegar casi hasta el 19% de la población activa del país y que el PIB seguirá contrayéndose el próximo año. No es un asunto menor. La mejor manera de afrontar una crisis de proporciones tan gigantescas como ésta es asumiendo su extraordinaria gravedad como punto de partida para la recuperación. Ya no hay rastro del optimismo antropológico que desdeñó los primeros avisos del desplome financiero y esa tendencia ha sido sustituida por políticas de reactivación de los mercados similares a las que se han puesto en práctica en los países de nuestro entorno. El Gobierno ha asumido la necesidad de un fuerte endeudamiento (el déficit público llegará en 2009 al 9,5%) y ha tomado decisiones poco populares pero necesarias para costear las inversiones en pleno desplome de la recaudación directa: la subida de los impuestos de la gasolina, excepto para los profesionales, y del consumo de tabaco.
