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El Guadalquivir ahoga al PP-A

El PSOE fuerza a Arenas a posicionarse "con Rajoy o con Andalucía" sobre la delegación de competencias.

el 03 sep 2011 / 19:43 h.

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Rajoy y Arenas, en Jerez, durante las inundaciones de 2010.

La Junta y el PSOE andaluz se han reservado, en el tramo final de la legislatura, un as en la manga que más que una reivindicación frente al actual Gobierno central, del mismo signo, es una patata caliente para el gobierno entrante que, según todas las encuestas, será del PP. Pero sobre todo, sitúa en una situación muy incómoda a los populares en Andalucía. El regalo envenenado se llama Guadalquivir, convertido en una prueba de fuego para que Javier Arenas se retrate ante los andaluces a los que aspira a gobernar y demuestre si antepone los intereses de la comunidad a los de su partido o lo contrario, como siempre le ha recriminado él al PSOE-A.

El Gobierno andaluz se quedó noqueado cuando en marzo el Constitucional anuló el artículo 51 del Estatuto autonómico que reconocía las competencias exclusivas de la comunidad sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, que transcurre en un 90% por territorio andaluz. El fallo respondía a la denuncia presentada por otro gobierno autonómico, entonces también socialista, el de Extremadura (que toca una parte del río), y se producía más de un año después de que el Ejecutivo central, igualmente del PSOE, hiciera efectivo el traspaso de las competencias, lo que reportó a la Junta 120 millones de euros y 702 funcionarios más. En junio, el Supremo también anuló ese traspaso.

El Estatuto andaluz fue aprobado, no sin duras negociaciones, por unanimidad en el Parlamento autonómico, y también en el Congreso recibió el apoyo del PP. Los populares se sacaron así la espina ante los andaluces de no haber apoyado el primer texto en 1981, en el que Andalucía peleó duramente por recibir el trato de comunidad histórica. Justificaron el apoyo a la norma, con párrafos calcados del Estatut catalán que el PP recurrió, en que durante el trámite lograron salpicar el articulado de coletillas del tipo "sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución".

Cuando el Constitucional anuló el artículo sobre el Guadalquivir, el líder del PP, Mariano Rajoy, dijo acatar el fallo y el PP-A se apresuró a aclarar que mantenía el consenso estatutario y aspiraba al máximo nivel de competencias para Andalucía. Pero también alertó del "peligroso limbo" legal y de que el fallo ponía en "tela de juicio" la gestión de las políticas de agua, entre ellas la Ley andaluza del Agua a la que siempre se opuso por fijar un canon con fines recaudatorios para dedicarlo a infraestructuras hidráulicas. La norma fue recurrida por los alcaldes del PP ante el Constitucional y Arenas pidió derogarla.

Junta y Gobierno iniciaron negociaciones para respetar el fallo y al mismo tiempo que Andalucía mantuviera sus potestades. Acordaron una encomienda de gestión temporal, que expira el 6 de octubre, mientras dan con la fórmula definitiva, que se estaba ultimando para cerrarla en la Comisión Bilateral de septiembre (hubo un anticipo el 26 de agosto con la reforma de la Ley estatal de aguas para traspasar las competencias policiales, que no fueron anuladas) cuando el presidente andaluz, José Antonio Griñán, dio la sorpresa postvacacional. El día 30 anunció que reclamará al Gobierno una delegación de competencias, mecanismo previsto en el artículo 150.2 de la Constitución.

El problema es que debe aprobarse una Ley Orgánica, que requiere la mayoría absoluta del Congreso y además no da tiempo antes de las elecciones generales del 20-N. Gane o pierda, el PP tendrá que retratarse a nivel nacional y su posición dejará en evidencia a Arenas en la antesala de las autonómicas, previstas para marzo, que por primera vez encara como favorito entre el electorado. Un electorado en el que, por cierto, tiene importantes apoyos entre agricultores y regantes, contrarios al traspaso.

Arenas tendrá que decidir antes. El PSOE-A ya ha registrado en el Parlamento una Proposición de Ley que quiere consensuar con todos los grupos y que se debatirá en un pleno extraordinario el 13 de septiembre. Arenas ha pedido un informe jurídico al Consultivo sobre ésta. Como ayer le dijo gráficamente el portavoz socialista, Mario Jiménez, debe posicionarse "o con el presidente del PP, Mariano Rajoy, o con Andalucía".

La herencia de las cuentas pendientes
Tras la reunión preparatoria de la Bilateral de septiembre que mantuvo Griñán con su antecesor en la Junta y actual vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, el presidente andaluz se trajo otra reivindicación, también relacionada con compromisos recogidos en el Estatuto. Éste prevé que, hasta 2014, el Gobierno destine el 17,8% de sus inversiones a Andalucía, según su peso poblacional.

Griñán reconoció que los Presupuestos Generales del Estado recogen, año tras año, ese porcentaje de inversión en Andalucía. Pero una cosa es lo que se consigna y otra la ejecución real. Toca revisar la liquidación de las cuentas ya cerradas y de momento, en las de 2008, Griñán ya avisa de que hay desajustes, que cifra en unos 500 millones de euros. La Junta aún no ha hecho cálculos sobre 2009 (el de 2010 no está liquidado), pero Griñán ya anticipó que no cree que llegue ni de lejos a 2.500 millones.

La cifra no es casual. Es la diferencia entre lo que el Ministerio de Economía considera que debe devolver Andalucía por exceso en la financiación (6.000 millones) y lo que la comunidad cree que realmente adeuda (3.500 millones). Si el déficit en inversiones fuera similar se podría pensar en un pacto para dar por saldadas ambas deudas.

Griñán no quiso que sonara a confrontación con el Gobierno central pero lo cierto es que desde éste, el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías -mano derecha de Chaves en su etapa en la Junta- se apresuró a negar que hubiera déficit en la liquidación de las inversiones estatales destinadas en Andalucía. En cualquier caso, podría pasar que ambos Ejecutivos llegaran a un acuerdo antes de las elecciones generales para saldar cuentas que tocaría pagar al Gobierno entrante. Y si éste fuera del PP y no pagara, se repetiría la historia de los otros 2.500 millones reivindicados insistentemente desde Andalucía a Aznar por desajustes en una financiación que no contó la población real de la comunidad y que solo pagó Zapatero al llegar a la Moncloa en 2004. Pero entonces, Junta y Gobierno fueron ocho años de signo opuesto y ahora caben varias combinaciones.

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