El Guadalquivir vuelve al Estado

La Junta rechaza por "responsabilidad" una propuesta del Gobierno que presentaba dudas legales sobre la transferencia

el 21 oct 2011 / 12:00 h.

El Guadalquivir ha dejado de ser un río andaluz. La Junta devolverá de inmediato al Estado las competencias de la gestión de la cuenca cuando no han pasado ni tres años desde que las asumió. Ayer expiró el plazo que los Gobierno central y autonómico se dieron para negociar y, aunque ninguno dudó de la "voluntad política" de la otra parte, no han logrado cerrar un acuerdo. La sentencia del Tribunal Constitucional, que tumbó el artículo 51 del Estatuto por considerar que rompe la unidad de cuenca, y del Supremo han "estrechado mucho el margen de maniobra", aseguró la consejera de Presidencia, Mar Moreno. El Gobierno considera que no hay seguridad legal para traspasar los recursos y la plantilla y la Junta no estaba dispuesta a aceptar un acuerdo "sin sustancia". El PP habla de "batacazo histórico" y exigirá responsabilidades. IU critica que el Gobierno dé la espalda a Andalucía.


El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto de reversión que deja de nuevo en manos del Estado la gestión del río, uno de los símbolos del Estatuto. Los 849 trabajadores -193 funcionarios, 427 laborales y el resto vacantes- dependerán ahora de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. También se integran los edificios, las máquinas o los coches. Precisamente, el traspaso de la plantilla ha sido el principal escollo, explicó Mar Moreno. El Gobierno central propuso una encomienda de gestión de cinco años, algo que la Junta rechazó porque dejaría a los empleados en situación de interinidad y multiplicaría los conflictos laborales. Lo único a lo que el Estado no puso pegas es a la cesión de la policía de aguas. Ante esta oferta, la Junta concluyó que el acuerdo "no era bueno para Andalucía", dijo la consejera.


"Nosotros queríamos un ejercicio pacífico de las competencias. No queríamos ningún pleito", afirmó. La consejera se esforzó en negar cualquier atisbo de confrontación con el gabinete de Zapatero y aseguró que el presidente de la Junta ha tomado esta decisión por "responsabilidad". "José Antonio Griñán ha tenido claro desde el principio el acuerdo debía tener contenidos sustantivos", insistió. El presidente andaluz se puso en contacto ayer con los líderes de PP e IU, Javier Arenas y Diego Valderas, para informarles de su decisión.


la negociación. El Constitucional, atendiendo un recurso de Extremadura, tumbó la competencia "exclusiva" que se arrogaba el Estatuto andaluz al entender que el Guadalquivir pasa por otras comunidades. Tras este revés, Junta y Estado aprobaron una encomienda de gestión transitoria por la que Andalucía seguía manteniendo la gestión de las competencias mientras las dos administraciones buscaban una salida legal. La encomienda tenía un plazo de seis meses, que se amplió dos semanas más. Ayer fue el último día. Gobierno central y andaluz cerraron el pasado 16 de septiembre un preacuerdo. El Ejecutivo había reformado la Ley de Aguas estatal y su idea era traspasar a Andalucía la policía hidráulica a través de un decreto de encomienda en el que, de paso, se cedieran más competencias. Para los abogados del Estado, la operación no tenía encaje legal. Para la Junta, lo que ofrecía el Gobierno era insuficiente.


¿Y ahora qué? Además de la devolución inmediata de las competencias, la Junta deja la puerta abierta a recuperarlas por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado la delegación de competencias. Pero esta fórmula, que requiere de una ley orgánica, la decidirá el próximo Congreso de los Diputados que salga tras las elecciones del 20-N, así que, con toda probabilidad, será la mayoría del PP la que deberá resolver el asunto. El Parlamento andaluz está tramitando una proposición de ley del PSOE-A para reclamar la transferencia por esta vía y el Consejo Consultivo está preparando un informe sobre la legalidad.


Respecto al impacto económico que tendrá esta decisión, la consejera explicó que la Junta dejará de recibir dinero del Estado -78 millones en 2011-, pero también "dejará de gastarlo". En cuanto al desarrollo de la Ley de Aguas, que nació íntimamente ligada a las competencias autonómicas del Guadalquivir, Mar Moreno defendió que "no se agota con el Guadalquivir" porque hay "otras cuencas" en la comunidad.


Más que económicas o de organización, las consecuencias más importantes son las políticas. La consejera reiteró que ha sido la sentencia del TC la que ha "estrechado los límites". Pese a los "esfuerzos" de los ministerios implicados en la negociación, la propuesta no convenció a la Junta. "Hemos optado desde la responsabilidad por evitar una satisfacción momentánea que mañana pueda derivar en una fuente de conflictos", insistió. Andalucía pierde así una competencia clave un día después del 30 aniversario del referéndum del Estatuto.

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