El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha respondido a Francisco Javier Delgado, imputado por la desaparición y el presunto asesinato de la joven sevillana Marta del Castillo Casanueva la noche del 24 al 25 de enero de 2009, que no es competente para pronunciarse sobre las filtraciones y la grabación de las conversaciones que el hermano de Miguel Carcaño mantuvo en prisión.
En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que, tras la queja elevada al Defensor del Pueblo Andaluz el pasado mes de octubre por parte del hermano del asesino confeso, ahora José Chamizo ha respondido asegurando que, al tratarse de una decisión adoptada por los estamentos judiciales, desde su oficina no pueden entrar a valorar el acto en sí.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el hermano de Miguel argumentaba la presentación de la queja "por la actuación que se está llevando contra su persona" por parte del Juzgado de Instrucción número 4 y de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, considerando que ha sido "una víctima de la sistemática actuación de determinados órganos judiciales y policiales", los cuales, "sin tener probanza alguna y bajo el auspicio de una serie de conjeturas, que no indicios, quieren hacer ver a la población un actuar tanto en su persona como en la de su actual pareja -María García, también imputada- que quiere criminalizarse sin razón o motivo".
Así, y tras calificar estas actuaciones como "irrazonables, arbitrarias e infundadas", Delgado defendía su inocencia y confiaba en que, con la presentación de esta queja, "nadie pueda encontrarse en un trance en que tras su inocencia proclamada y demostrada sólo se encuentre enturbiada ésta por situaciones interesadas y dirigidas, conjeturas y corazonadas, filtraciones y resoluciones que desoyen la razón y la integridad de lo que desde el primer momento" ha expuesto.
De igual modo, decía que todo ello lo asegura "sin perjuicio de entender la situación y el dolor de la familia de la víctima", y ponía de manifiesto que "la constatación de los hechos y encontrar a su hija debe de ser lo más importante del mundo", aunque dicha circunstancia "les puede llevar a estar equivocados respecto de su persona y considerar que por el hecho de ser hermano de Miguel Carcaño debe de tener responsabilidad en la cuestión".
Asimismo, indicaba que ha habido una serie de hechos que "han ido seccionando" sus derechos de una forma "que se encuentra bordeando el fuera de la Ley y que deben de ser controlados debidamente para que los ciudadanos se sientan tranquilos ante los errores o actuaciones de los órganos judiciales", y se refería en primer lugar a las filtraciones y notificaciones realizadas "sin el amparo" de la normativa de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En esta línea, aseveraba que las filtraciones "han sido numerosas y diversas, ausentes de la culminación del respeto a sus derechos, pues en todo instante han sido intencionadas y dirigidas a conformar una opinión pública que, desconocedora de todos los elementos que rodean el mismo, impliquen una condena social antes que la judicial, con la destrucción del entorno personal, familiar y social que tenía", criticando la "persecución injustificada, irracional y carente de pruebas" que tanto él como sus familiares y amigos "vienen sufriendo".
A su juicio, dichas circunstancias, "además de otras muchas que han determinado la extracción de consecuencias tergiversadas, parciales, tendenciosas y fuera de contexto, han conllevado que la situación familiar haya derivado hacia posiciones cercanas al apedreamiento público", el cual "deviene del no reconocimiento de la presunción de inocencia como elemento fundamental del proceso penal y tiene como consecuencia el temor fundado que tiene respecto de su persona, la de su hija y su familia, dado que en ocasiones ha sentido cerca el acoso público y las intenciones de agresión que la turba tenía sobre su persona".
En esta línea, Francisco Javier Delgado opinaba que dichas circunstancias "se podrían haber evitado fácilmente con el establecimiento de un reconocimiento, como es la presunción de inocencia, así como el establecimiento de cordones de seguridad y protección que fueron solicitados al instructor y que en nada fueron llevados a cabo". "Las filtraciones, las medias verdades y falsedades conllevan una carencia de respeto al proceso penal y la presunción de inocencia", indicaba.
"Cualquier inocente puede verse en una situación tan absolutamente kafkiana como la que estoy viviendo en estos instantes", según proseguía el hermano del asesino confeso, quien instaba a Chamizo a que "tenga a bien vigilar el correcto actuar de los poderes públicos en el asunto" referido, al tiempo que argumentaba el segundo aspecto de la queja, como son las escuchas realizadas en la prisión de las conversaciones entre él y su abogado, "efectuadas bajo mandato judicial carente de motivación".
Según apostillaba, estas escuchas "no se encuentran amparadas en el ordenamiento jurídico salvo justificadas ocasiones y legalmente para delitos de terrorismo", y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos "así lo ampara", recordando -en base a dos sentencias de este Tribunal- que las escuchas de las conversaciones entre abogado y cliente "son absolutamente confidenciales y pertenecen al estricto derecho de defensa y no puede existir justificación alguna que permita su grabación".
