La califican como obscena, escandalosa, irrespetuosa y poco ética, entre otras lindezas, y, sin embargo, es totalmente legal. Se trata de la multimillonaria pensión -tres millones de euros brutos al año, para los que se han provisionado un total de 52 millones- que va a recibir para el resto de sus días el ex número dos del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, tras prejubilarse a los 55 años y abandonar de mutuo acuerdo la entidad.
Una sorpresa para la opinión publica que, hace apenas una semana, recibía con agrado la condena oficial del G-20 sobre el despilfarro del sistema financiero, y parecía poner el cerco definitivo a los excesivos desembolsos que benefician a los banqueros.
Las reacciones no se han hecho esperar y por primera vez en mucho tiempo todos los signos políticos parecen estar totalmente de acuerdo en algo.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, no quiso entrar en la polémica en primera instancia. "Yo creo que no tenemos que opinar sobre esos temas", fue su respuesta inicial en los pasillos del Congreso. Aunque después tuvo que mojarse y afirmar que "merecería una consideración de ética" sobre la que "saben cuál es la opinión del Gobierno".
Del Ejecutivo, el titular de Fomento, José Blanco, consideró que este tipo de ingresos debería contar con una "fiscalidad mayor", mientras que su homólogo en Trabajo, Celestino Corbacho, pidió que desde el BBVA "nunca nos den consejos para que congelemos las pensiones de 800 euros o abaratemos el despido". Y es que, en sintonía con el sentimiento generalizado, Ángel Gabilondo, de Educación, consideró "muy duro" que haya pensiones de este tipo en estos tiempos.
El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, reclamó que se tomen medidas legales para impedir retribuciones como la de Goirigolzarri. "Una cosa es que un alto cargo de un banco tenga emolumentos importantes y otra cosa es que sean escandalosos, tanto directos como mediante pensiones", denunció en los pasillos de la Cámara Baja.
Un paso más allá dio la diputada de UPyD, Rosa Díez, que consideró que "hay cosas que son legales, pero que son obscenas en términos democráticos teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país".
Más diplomático fue el responsable de Economía del PP, Cristóbal Montoro, que admitió que, pese a tratarse de una empresa privada, resulta "especialmente llamativo" que en época de crisis el BBVA haya reservado tal cantidad para una pensión. Coincidió María Dolores de Cospedal en que es algo "muy difícil de explicar", aunque no competa al ámbito público.
En la misma línea, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, apuntó que el "mensaje" que se lanza con las condiciones para la salida de Goirigolzarri del BBVA, "no son muy edificantes" para la sociedad, para miles de trabajadores que están a punto de quedarse en el paro o para los recién licenciados que no encuentran trabajo.
Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, pidió "respeto" para la protección social tras conocer la noticia. Así, señaló que hace falta una "cierta cultura democrática" y saber que lo que se paga es para algo. Asimismo, y al ser preguntado por el caso, consideró que las instituciones europeas deberían alcanzar "códigos de autorregulación y de mantenimiento de cierto grado de cohesión social".
A su vez, los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, pusieron en duda la coherencia de la susodicha pensión "en un momento de crisis en el que se escuchan voces a favor de abaratar los costes laborales". Según Méndez, estas noticias provocan "irritación justificada" y "lamentablemente no son infrecuentes", al tiempo que dijeron conformarse con que la CEOE fuera "más comedida" en los planteamientos que defiende sobre el coste del despido.
