Si hay una queja unánime que se escucha cada día en las conversaciones de los pequeños y medianos empresarios de este país es el de la falta de liquidez ocasionada por la crisis financiera que sacude a los países occidentales. Muchos dueños de compañías de tamaño menor se encuentran asfixiados por la ausencia de lo que se conoce en términos económicos como el flujo circulante, que no es más que el dinero que utilizan las empresas para trabajar en el día a día, y se están topando con una realidad de impagos que, en ocasiones, les está abocando al cierre o al concurso de acreedores. De ahí la importancia de que los estados hayan acudido al rescate de los bancos y de ahí la satisfacción mostrada ayer por las patronales de empresarios al saber que el Instituto Oficial de Crédito (ICO) da carta de naturaleza a la decisión del Gobierno de Zapatero y pone a disposición de los empresarios 29.000 millones de euros en créditos para las empresas, de los cuales 19.000 van directamente a pagos del día a día. La actuación, anunciada ayer por Pedro Solbes, permite trasladar a la realidad la medida adoptada por el ejecutivo español. Y lo hace a través de dos vías: bien a través del propio ICO, al que podrá acudir cualquier empresario en busca del crédito que necesita para mantener abiertas sus operaciones de negocio, o bien a través de los bancos, que desde enero actuarán de intermediarios entre el ICO y los solicitantes. De momento es sólo un anuncio y, en consecuencia, habrá que esperar para saber cuál es su grado de cumplimiento, pero al menos tiene ya un par de virtudes que no hay que desdeñar: destierra el temor a que los bancos utilicen el dinero público para cuadrar sus balances en vez de destinarlo a los empresarios y abre compuertas de aire en una economía real asfixiada por la falta de liquidez. No se trata de ninguna receta milagrosa, pero es un buen ejemplo de cómo la intervención de los poderes públicos sí puede mitigar la angustia que viven a día de hoy miles de empresas españolas.
