El impago de obras públicas destruye 50.000 empleos en la provincia

La Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco) exige medidas ante la morosidad de las administraciones.

el 30 mar 2011 / 17:11 h.

Los constructores no aguanta más el alto nivel de deuda que la Junta de Andalucía y los consistorios tienen con estas empresas, que ya alcanza en la provincia la cifra de 325 millones de euros, y que en algunos casos se remontan, según su gerente, Manuel Sillero, "a certificaciones emitidas en pesetas", es decir, anterior a 2002, que fue cuando entró en circulación el euro.


El nivel de deuda contraído por la Junta de Andalucía y las administraciones locales de Sevilla y su provincia está ya en cotas "insoportables" para las constructoras, hasta el extremo de que Gaesco reclamó ayer "que se depuren responsabilidades entre en estos atrasos, que en numerosos casos se están saldando con el cierre de muchas pequeñas y medianas empresas, lo que, además, está provocando más destrucción de empleo".

Gaesco estima que la morosidad de las administraciones con las constructoras se llevó por delante, "al menos, a unos 50.000 trabajadores del sector, y genera tal inseguridad que nadie se atreve a contratar nuevos empleados", en palabras del gerente de la patronal de la construcción. Esta situación se ve agravada, según expuso, por la negativa a reconocer las nuevas obras públicas realizadas, "seguramente en una estrategia de evitar el cómputo de deuda que puede provocar la pérdida de solvencia".

Es precisamente esta pérdida de solvencia la que provoca, según el gerente de Gaesco, "que incluso estando la deuda reconocida, los bancos no la aceptan para su descuento", simplemente por el hecho de provenir de determinados organismos de la Junta de Andalucía o de consistorios especialmente morosos, entre los que no quiso citar específicamente a ninguno.

Para Gaesco, no hay razón alguna dentro de la legalidad para que no se haga efectiva la deuda de las administraciones, ya que la ley obliga a que antes de la licitación de las obras públicas se certifique la existencia de dotación presupuestaria para su abono y una vez adjudicada la intervención correspondiente se debe provisionar su pago. "El comportamiento de algunos municipios en estos últimos meses está siendo insultante, ya que antes de hacer frente a la deuda contraída, llegan incluso a contratar nuevas obras públicas con el solo fin de hacerse la correspondiente foto electoral", insistió el portavoz de los constructores.

La desesperación del sector tiene a veces su cara, como recientemente ocurrió con la empresa Aroa, cuyo gerente, Antonio Díaz, llegó a protagonizar una huelga de hambre y a encerrarse con medio centenar de empleados para reclamar los 6,5 millones de euros que, según sus datos, le deben en Sevilla los consistorios de Albaida del Aljarafe, Burguillos, Castilleja de Guzmán, Cazalla de la Sierra, Santiponce y El Real de la Jara, además del de San Fernando (Cádiz). Para su cobro ya tiene algunas sentencias a su favor.

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