Las declaraciones del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en las que advertía de que las cuentas de la Seguridad Social podrían entrar en déficit a finales de año y en las que abogaba por adoptar medidas de reforma del sistema de pensiones como el retraso de la edad de jubilación o la ampliación del tiempo de cotización para el cobro de las pensiones ha causado un revuelo político y social acorde con la magnitud de lo dicho.
Fernández Ordóñez no quiso asustar a nadie con sus palabras, pero es evidente que un dibujo tan sombrío de la caja de la que se saca el dinero para pagarle sus pensiones a ocho millones de españoles no puede recibirse con impavidez sino con una cierta turbación. Así, el gobernador de la máxima institución bancaria de este país ha recibido desmentidos categóricos a sus palabras del propio ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y ha sufrido un catálogo de calificativos muy poco gratificantes sobre su diligencia y actitud.
Como máximo representante del Banco de España, Fernández Ordóñez tiene la responsabilidad y la obligación de velar por la estabilidad del sistema financiero y por introducir en el debate social aquellas cuestiones que considere esenciales para el buen funcionamiento de los mercados económicos. Pero también debe saber emplear de modo correcto tanto los tiempos como las formas. Y, en esta ocasión, ha fallado tanto en lo uno como en lo otro.
El escenario que eligió para formular sus puntualizaciones fue el correcto -una intervención en una comisión del Congreso de los Diputados-, pero, por lo demás, no supo medir el alcance de sus palabras. El Gobierno y los dirigentes de las principales instituciones del país tienen que emplear ahora todos sus esfuerzos en combatir los estragos de esta crisis, pero sin introducir elementos que hagan que haya quien pueda pensar que, en España, las pensiones no están garantizadas, algo que, es bueno recordarlo, no es cierto.
