El Gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros el rescate del Impuesto sobre el Patrimonio, un gravamen cuya recaudación irá íntegramente a las arcas de las comunidades autónomas, que tienen cedidos estos ingresos y que son las que tendrán que decir si lo aplican o mantienen las bonificaciones.
Andalucía es una de las que ha sido receptiva a esta medida que gravará a las grandes fortunas -las que superen los 700.000 euros-, y que en la comunidad afectará a algo más de 14.100 andaluces, y se traducirá en una recaudación cercana a los 83 millones, según el cálculo realizado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a partir de los datos de 2007, último ejercicio en el que estuvo en vigor.
Ingresos que llegarán como un balón de oxígeno para las comunidades autónomas en un momento especialmente delicado, ya que les servirán para aligerar el elevado déficit público que presentan ya a estas alturas del año. Un dilema para regiones como Madrid, Murcia o Comunidad Valenciana, que se han mostrado contrarias a la recuperación del impuesto, y que tendrán que renunciar a estos ingresos extra. Y es que, además, se sumarán a los 2.100 millones que incluía el nuevo sistema de financiación para compensar la supresión del tributo.
De los 14.138 andaluces que, según Gestha deberán declarar este impuesto, cerca de 5.800 poseen un patrimonio de entre 700.000 y un millón de euros, mientras que otros 6.600 disponen de una fortuna de entre uno y 2,5 millones; algo más de 1.200 suman entre 2,5 y 5 millones; 350 tienen entre 5 y 10 millones; y en torno a 140 poseen un patrimonio superior a los 10 millones.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, adelantó ayer que la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio será temporal -de modo que solo se aplicará en 2011 y 2012-, afectará a 160.000 contribuyentes y aportará 1.080 millones en el conjunto del país. Un anuncio que fue tachado por el presidente del PP, Mariano Rajoy, de "electoralista".
El mínimo exento se eleva a 700.000 euros por declarante, lo que supone multiplicar casi por siete el límite anterior (situado en 108.000 euros). Además, se duplica el mínimo exento para vivienda habitual al elevarlo hasta los 300.000 euros.
El impuesto se restablece exclusivamente para los años 2011 y 2012 -las declaraciones tendrán que presentarse en 2012 y 2013-, que coinciden precisamente con los dos años clave en los que España tendrá que seguir haciendo esfuerzos para cumplir con la reducción del déficit que exige Bruselas. Una vez expire ese periodo, tendrá que ser el siguiente Gobierno el que decida si prolonga o no la existencia del tributo.
Cerca de una tercera parte de los 1.080 millones que el Ejecutivo espera recaudar corresponderían a la Comunidad de Madrid (323 millones), cuya bonificación del 100% fue aprobada al inicio de la legislatura.
Cataluña, con 271 millones, mostró en un principio ciertas reticencias a la aplicación, postura que todavía mantiene la Comunidad Valenciana (109 millones). De no aplicarse un criterio uniforme, Gestha alerta de que podría producirse una deslocalización de patrimonios.
