El informe jurídico encargado a Garrigues por el gobierno local para analizar la situación de la Fundación DeSevilla no sólo ha descrito una situación "calamitosa" de las cuentas, sino que ha hallado indicios suficientes de delitos como para que el Consistorio inicie acciones penales contra los patronos y el exgerente de la sociedad, en la que partipaban tanto el Ayuntamiento -estaba presidida por Alfredo Sánchez Monteseirín- como las empresas municipales.
Entre otros, se han hallado indicios de delitos societarios, apropiación indebida, malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones o delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad social. El Patronato de la Fundación aprobó ayer, además de la liquidación definitiva de este organismo dedicado a programas de cooperación directa, el inicio de las medidas encaminadas a acudir a la vía civil y penal por las irregularidades halladas.
El informe destaca que la gestión de la fundación la ha llevado a una situación "insostenible" de la que son responsables los patronos que han dirigido la fundación en este tiempo. Especialmente la comisión ejecutiva de la que formaron parte Alfredo Sánchez Monteseirín, el exdelegado de Empleo Carlos Vázquez y el exgerente Miguel López Adán.
"Tienen una responsabilidad mercantil, contable y posiblemente penal", concluye el estudio que enumera un largo listado de irregularidades. Entre ellas, el informe alerta de cuestiones como "un borrado de datos el 28 de julio, en vísperas de la incorporación de un nuevo gerente".
"Hay indicios de que los máximos responsables han procedido de forma continuada a destinar cuantiosas sumas de dinero a gastos en actividades ajenas a la finalidad fundacional, utilizando técnicas y prácticas contrarias a una diligente administración o incluso fraudulentas con el objetivo de conseguir su ocultación. Se han destinado subvenciones municipales a gastos en fines y actividades que no lo permitían y se han incurrido en impagos a Hacienda y a la Seguridad Social", recoge el informe en el que se basan los acuerdos adoptados ayer en el Patronato de la Fundación y que vienen a ratificar conclusiones anteriores de informes jurídicos internos. Estos hechos, según el informe, suponen delitos societarios, de apropiación indebida, de malversación de caudales públicos y de delitos contra la Hacienda Pública. Pese a esto, no se concretan, de momento, responsabilidades individuales en el informe.
La consecuencia de estas irregularidades denunciadas por el informe ha sido, según el informe, una situación "insostenible" de la fundación que incluso ha recibido una orden de desahucio del local de San Miguel. La fundación tiene un saldo negativo de más de un millón de euros y arrastra deudas con la Seguridad Social -266.667 euros- con los proveedores -412.190 euros- o con el personal por indemnizaciones no abonadas -de más de 50.000 euros-. La Fundación entra ahora en un proceso de liquidación para proceder a su desaparición.
